Los nuevos ministros peruanos de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte, y de Trabajo, Eduardo García, juraron este martes ante la presidenta Dina Boluarte, con lo que la gobernante completó su gabinete.
El juramento se realizó en una breve ceremonia en la que participó también el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo.
En ambos casos, como en la mayoría de los miembros del nuevo gabinete ministerial, se trata de funcionarios públicos de carrera.
La titular de Transportes y Comunicaciones es economista y tiene un diplomado internacional en Gestión de Asociaciones Público-Privadas.
Lazarte ha sido directora general de la Oficina de Articulación, Monitoreo y Evaluación de Impacto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y gerente sectorial de Construcción, Vivienda y Saneamiento de la Presidencia del Consejo de Ministros.
Fue además directora de Supervisión de Proyectos y asesora de la Presidencia Ejecutiva de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).
El titular de Trabajo, por su parte, es abogado y se ha desempeñado en la cartera ahora a su cargo, como asesor del despacho ministerial y director general de Trabajo y jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica del mismo ministerio.
Nuevo gobierno proyecta declarar estado de emergencia
El nuevo Gobierno de Perú anunció que analiza la posibilidad de declarar el estado de emergencia en todo el país, en el contexto de la quinta jornada de protestas opositoras y violentos disturbios.
La presidenta Dina Boluarte declaró que su gobierno evalúa la opción de decretar la extrema medida, mientras el ministro de Defensa, Alberto Otárola, en una visita a la región sureña, uno de los focos de mayores protestas, señaló que se declarará estado de emergencia en ese territorio.
Bajo el estado de emergencia rige la suspensión de derechos individuales como la libertad de tránsito, la inviolabilidad domiciliaria y el derecho a no ser detenido sin la orden de un juez, entre otras medidas.
Sobre las acciones en casos de protestas violentas, Boluarte dijo que no deben ser más extremas y que confía en que la población entenderá sus llamados al diálogo y la situación se calmará.
Aseguró que dio indicaciones de que la Policía no use armas de fuego contra los manifestantes, ni siquiera las llamadas no letales, es decir las escopetas de perdigones que, según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, son cargadas con canicas de vidrio que pueden causar la muerte.
“He dado las instrucciones necesarias al ministro del Interior para individualizar a las personas que hayan hecho uso de estas armas que están dañando a nuestras hermanas y a nuestros hermanos” para someterlos a la justicia, agregó.
Igualmente ha ordenado, afirmó, que la Policía ubique a quienes incitan a la violencia y sostuvo que todos tienen derecho a protestar, pero no al vandalismo.
Anunció que desplegará cinco mil agentes en el centro histórico de Lima, escenario de protestas diarias en las cuales hubo ataques a pedradas a edificios públicos y hoy la plaza San Martín, punto de concentración de las marchas fue ocupada por cientos de policías.
De otro lado, la Defensoría del Pueblo aclaró que los muertos en los últimos dos días en las regiones sureñas de Apurímac y Arequipa son seis y no siete, como informó anoche.
Durante la presente jornada, nuevos incidentes se registraron en esas regiones y en la ciudad arequipeña de Camaná fueron atacadas las sedes del Ministerio Público.
En la ciudad centroandina de Huancavelica, incendiaron las oficinas de la Dirección Regional de Transportes y un local del Poder Judicial y en la surandina de Cuzco, manifestantes ocuparon una planta de tratamiento de gas.
De otro lado, la Superintendencia de Transportes reportó 59 puntos de bloqueos de carreteras, que se extienden a nuevas regiones, y en la surandina región de Puno, los cierres viales interrumpieron el tránsito fronterizo con Bolivia y Chile, respectivamente.
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