Escambray Periódico de Sancti Spíritus
La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue condenada este martes a 6 años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos al terminar un juicio que duró tres años y medio y que estuvo rodeado de escándalos y denuncias de parcialidad.
El Tribunal Oral Federal número 2, conformado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, encontró a la expresidenta culpable del delito de «administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública».
Sin embargo, la absolvieron del delito de asociación ilícita que le habían imputado los fiscales de la causa, y cuya pena máxima era de 12 años de cárcel.
De esta forma concluyó un proceso en el que hubo 13 imputados que recibieron sentencias que van desde la absolución hasta los seis años de prisión, y en el que participaron más de 100 testigos.
Los jueces anunciaron que los fundamentos del veredicto se darán a conocer el próximo 9 de marzo. Hasta ese día se sabrán los argumentos judiciales que tomaron en cuenta para dictar las sentencias.
Minutos después de la lectura del fallo, la vicepresidenta ofreció un mensaje en el que recordó las múltiples irregularidades procesales que tuvo el caso.
El fallo es histórico porque es la primera vez que un personaje político con un cargo tan alto es condenado en ejercicio de sus funciones. Antes fueron sentenciados los expresidentes Carlos Menem y Fernando de la Rúa y el exvicepresidente Amado Boudou, pero ya no ocupaban sus puestos.
La trascendencia del caso se debe, también, a que Fernández de Kirchner es la figura política más importante del país sudamericano desde que en 2007 se colocó por primera vez la banda presidencial.
Por eso, a pesar de que ni ella ni el Gobierno convocaron a realizar ningún tipo de manifestación pública este martes, organizaciones y ciudadanos en general marcharon de manera espontánea a los tribunales.
La expresidenta estaba acusada de haber encabezado una asociación ilícita que, durante sus dos gobiernos (2007-2015) y el de su fallecido esposo y antecesor, Néstor Kirchner (2003-2007), direccionó millonarios fondos de obras públicas en favor del empresario Lázaro Báez, quien era amigo y socio de la pareja.
En su alegato, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron que la vicepresidenta de la nación recibiera una pena de 12 años de prisión, inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos y decomiso de sus bienes.
Desde el principio del juicio, Fernández de Kirchner aseguró que la condena estaba escrita de antemano porque formaba parte del «lawfare» (persecución judicial) que se ha llevado a cabo en su contra desde que en 2015 terminó su segunda presidencia y que tiene como único fin proscribirla.
«(El tribunal) es un pelotón de fusilamiento», acusó la expresidenta la semana pasada durante su última intervención.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner señaló que cuando era presidenta de la Nación no tenía «manejo de las leyes que son aprobadas» por el Poder Legislativo y remarcó que «el presidente de la república tampoco administra el presupuesto».
«Como me habrán escuchado durante los alegatos, probé absolutamente que, de acuerdo a la Constitución, yo no tengo el manejo de la leyes que son aprobadas por diputados y senadores. Dicen que el delito lo cometí a través de la sanción de leyes. Yo no legislo, para eso están los diputados y los senadores. Y el Presidente de la República tampoco administra ni ejecuta el presupuesto», indicó Fernández de Kirchner luego de que se conociera el veredicto en la causa Vialidad.
Fernández sostuvo hoy que la condena de 6 años de prisión en su contra no obedece a un «lawfare ni a un partido judicial; esto es un Estado paralelo y mafia judicial».
La exmandataria señaló que la «confirmación» de esa situación fue la filtración de un viaje de exfuncionarios, magistrados y exagentes de inteligencia a Lago Escondido, y sobre el cual el presidente Alberto Fernández hizo referencia ayer por cadena nacional.
Más allá de la condena, no hay ninguna posibilidad de que Fernández de Kirchner vaya presa.
Primero, porque gracias a su cargo como vicepresidenta cuenta con fueros. Por ello, antes debería enfrentar un juicio político para ser destituida del cargo para el que fue elegida y cuyo mandato vence el 10 de diciembre de 2023.
Además, sus abogados apelarán cualquier sentencia de culpabilidad, por lo que el fallo deberá pasar para su análisis a la Cámara de Casación Penal. La última etapa se dirimirá en la Corte Suprema de Justicia, pero es un proceso que puede demorar varios años.
Otro motivo por el que la expresidenta no podría ser detenida de inmediato es que cumplirá 70 años en febrero próximo y la ley le otorga el beneficio de la prisión domiciliaria a cualquier condenado a partir de esa edad.
Mientras la sentencia no quede firme, Fernández de Kirchner tampoco tendrá que sujetarse a la inhabilitación. Es decir que, si lo desea, se podrá postular a cualquier cargo público en las elecciones generales del próximo año.
(Con información de Página 12 y RT)
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