Crecen en Cuba delitos asociados a la corrupción

En 2021 los tribunales cubanos tramitaron 138 mil 380 asuntos, de los cuales concluyeron 123 mil 662 (89,4 por ciento), se informó este jueves en el plenario de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).

Ocurrió en la rendición de cuenta del Tribunal Supremo Popular (TSP) ante el ente legislativo, a cargo de su presidente Rubén Remigio Ferro.

En su presentación dijo que en la justicia penal prevalecen los delitos de robo con fuerza o violencia, hurto, lesiones, amenazas, tráfico ilegal de divisa y actividades económicas ilícitas.

Ferro indicó que crecen los delitos asociados a la corrupción como malversación, cohecho, evasión fiscal, y también aumentan los vinculados al sacrificio ilegal de ganado mayor y el tráfico o tenencia de drogas y estupefacientes.

En materia de Derecho Civil predominan las disputas de contenido económico o patrimonial, demandas sobre la posesión o propiedad de bienes, litigios entre vecinos que riñen por espacios y construcciones colindantes, y querellas para que se anulen documentos notariales.

Apuntó que prevalecen en los asuntos de familia los divorcios, reclamaciones de pensiones alimenticias, litigios sobre guarda y cuidado de los hijos menores y solicitudes de reconocimiento judicial de matrimonio no formalizado.

En materia administrativa sobresalen los conflictos sobre inmuebles urbanos, impugnaciones de decisiones por construcciones ilegales o violaciones de normas de ordenamiento territorial y urbanístico, y las inconformidades por decomisos o confiscaciones de artículos por violación de regulaciones aduanales.

Respecto al trabajo y la seguridad social mantienen su prevalencia los procesos por inconformidades de los trabajadores con medidas disciplinarias impuestas por los empleadores, las controversias sobre mejor derecho a ocupar puestos o condiciones de trabajo y los relacionados con la aplicación de sistemas de pagos o retribuciones salariales.

En los asuntos mercantiles prevalecen los procesos por incumplimientos de contratos, y los actores económicos más demandados son las cooperativas agropecuarias, entidades de subordinación local y empresas del sistema de la agricultura.

Remigio Ferro apuntó que crecen los procesos judiciales que involucran a actores del sector no estatal, en particular los trabajadores por cuenta propia, y las cooperativas no agropecuarias.