Disponen 18 meses de prisión contra expresidente peruano

Un juez supremo dispuso este jueves 18 meses de prisión contra el expresidente peruano Pedro Castillo, acusado de rebelión o conspiración, abuso de autoridad y contra la tranquilidad pública, por intentar un golpe de Estado.

El magistrado, Juan Carlos Checkley, leyó su dictamen durante varias horas en las que se refirió a los argumentos de la fiscalía y la defensa de oficio de Castillo, quien se negó a participar en la audiencia por video-llamada y alegó ser víctima de injusticia, maltrato y humillación.

Checkley consideró fundado el alegato del fiscal sobre el peligro de fuga del exmandatario acusado de los delitos referidos por supuestamente intentar un golpe de Estado hace una semana, cuando anunció la disolución del Parlamento y la reorganización de los organismos de justicia.

Lo representó un abogado de la defensa pública al parecer no familiarizado con el tema y designado este miércoles para hacerse cargo de la sesión, convocada cuando estaba por expirar la prisión preventiva de siete días que se le impuso tras su detención.

El exmandatario comentó en Twitter, poco antes del fallo judicial, que “la visita de la embajadora de Estados Unidos (Lisa Kenna,) a Palacio de Gobierno no fue gratis, tampoco a favor del país”.

La reciente visita, en medio de grandes protestas contra el cambio de gobierno, fue un gesto de respaldo al nuevo ejecutivo de la presidenta Dina Boluarte y, según Castillo, “fue para dar la orden de sacar las tropas a las calles y masacrar a mi pueblo indefenso”.

También, agregó, para “dejar el camino libre para las explotaciones mineras” y dio por seguro que la prensa lo negará.

De otro lado, el juez no aceptó el pedido de 18 meses de prisión preventiva para el ex primer ministro de Castillo, Aníbal Torres, investigado como presunto coautor del delito de rebelión.

Checkley le otorgó libertad con comparecencia (condicional), porque su situación no reúne los requisitos para ser sometido a prisión preventiva, así como por sus problemas de salud.

En virtud de ello, Torres no podrá salir de Lima sin autorización judicial, deberá presentarse ante el Poder Judicial periódicamente para acreditar su presencia en la ciudad y someterse a otras restricciones.

El abogado de Torres, Duberlí Rodríguez, expresidente de la Corte Suprema y destacado académico, sostuvo que su cliente no puede ser acusado de rebelión, principal cargo en su contra, porque ese delito requiere el uso de armas y de acción colectiva, lo cual no ha ocurrido.

Crece cifra de muertos en nueva jornada de protestas

La cuenta de muertes en las protestas contra el nuevo gobierno de Perú se elevó este jueves a 12, con cuatro caídos en una operación militar contra la ocupación del aeropuerto de la ciudad andina de Huamanga.

Las muertes fueron confirmadas por la Dirección de Salud de Huamanga, en la región de Ayacucho, y el saldo de sangre incluye a 37 heridos.

Los graves hechos se produjeron al cumplirse una semana de las demostraciones contra el Gobierno peruano, que pide diálogo y utiliza masivamente a la Policía y las Fuerzas Armadas.

Según testigos, los cuatro caídos fueron abatidos por militares durante y después de una incursión civil en el aeropuerto de la ciudad de Huamanga.

Durante la jornada, grupos de manifestantes intentaron tomar nuevamente el aeropuerto de Arequipa, segunda ciudad del país, y similares intentos se han realizado en las terminales de Juliaca, en la región de Puno; en Andahuaylas, en la región de Apurímac, y en la ciudad de Cusco, capital de la región del mismo nombre.

Las marchas y acciones violentas reclaman elecciones generales adelantadas, una asamblea constituyente y la libertad del expresidente Pedro Castillo, al tiempo que rechazan al impopular Parlamento que destituyó al mandatario.

De otro lado, la Asamblea Nacional de los Pueblos (ANP), integrada por la Confederación General de Trabajadores (CGTP) y otras organizaciones sociales y políticas, marcharon masivamente en Lima y en diversas ciudades del interior.

La marcha en la capital fue pacífica, pero flanqueada por una verdadera multitud de policías que caminaron junto a los manifestantes por el centro de Lima y en el trayecto había al menos un grupo de militares con armas largas y un carro blindado.

Los dirigentes de la ANP y la CGTP remarcaron el carácter no violento de la marcha, pero el intento de un grupo de manifestantes de dirigirse al Palacio Legislativo, fue impedido por la muralla humana formada por la Policía, que lanzó gases lacrimógenos.

Entretanto, el primer ministro, Pedro Angulo, dijo que la orden a las Fuerzas Armadas y la Policía de liberar las carreteras bloqueadas, se cumplirá paulatinamente, al igual que el diálogo.

En ese marco, la excandidata presidencial Verónika Mendoza criticó el estado de emergencia decretado ayer por el nuevo gobierno de Dina Boluarte, lo que implica la suspensión de garantías ciudadanas como los derechos de reunión y libre tránsito e inviolabilidad domiciliaria, entre otros.

“Los estados de excepción y la represión nunca han traído calma, solo muerte, desolación y han profundizado la crisis que hoy atravesamos”, aseveró, a tiempo de llamar a los organismos internacionales a que acompañen al pueblo peruano.