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El primero en toda la estructura del Poder Popular en Cuba es el delegado, importante eslabón mediador para la realización de la democracia verdadera, desde su vínculo entre las estructuras que se encargan de la gestión de gobierno y el ciudadano concreto.

Sin embargo, en la mente de “los de abajo” y “los de arriba” prevalece una visión reduccionista del delegado como gestor puramente administrativo, encargado de ayudar al barrio a resolver problemas materiales, con lo cual el elector pierde la posibilidad de realizar la mayoría de sus intereses desde la ayuda de su elegido y los gobernantes pierden oportunidades de apoyo en su gestión hacia las comunidades.

Los espacios que tiene la población para gestionar sus necesidades con el delegado también necesitan ser repensados desde todas direcciones.

A pesar de las modificaciones significativas introducidas a la rendición de cuentas buscando hacerla menos masiva, más participativa y para discutir temas de interés relacionados con la política, la gestión legislativa y el ejercicio de gobierno en el país, no se ha logrado hacer crecer el interés por ella ni ampliar su espectro de oportunidades.

Hay muchos factores que pueden estar influyendo en esa visión limitada que tienen la mayoría de los sujetos sobre estos espacios, que van más allá de la reunión de barrio y que incluyen los despachos, las cartas de solicitudes, las oficinas de atención a la población en los gobiernos y las entidades, entre otras.

Resulta contradictorio que cuando al ciudadano se convoca a discutir temas y documentos trascendentales para el país en su colectivo laboral o en las estructuras de base de las organizaciones sociales y políticas, por lo general, la participación es masiva y se aporta gran cantidad de planteamientos, sugerencias, críticas y propuestas de modificaciones, tal y como ha ocurrido en los debates sobre la Constitución de la República de Cuba o sobre el Código de las Familias.

También para estos asuntos de mayor naturaleza está el delegado y es su deber tramitar de igual manera todas las inquietudes de la alta política que tienen sus coterráneos; mas, no se hace con la frecuencia que debiera.

Por otro lado, la manera en que los gobernantes deben atender las cuestiones tramitadas por el elegido del pueblo necesita un redimensionamiento. En condiciones de crisis económica resulta muy fácil decir “no” a cualquier solicitud de recursos, pero la experiencia demuestra que donde el representante del pueblo gestiona y los dirigentes empresariales le dan un mínimo de apoyo, poco a poco se van resolviendo problemas concretos de la comunidad.

La preparación del delegado es condición esencial. Para ir más allá de la simple tarea de pedir recursos y explicar el resultado a su pueblo, el delegado tiene que dominar las esencias de muchos temas legislativos, económicos, políticos y de gobierno con una mirada que sobrepase el barrio y el municipio.

Son miradas que tienen como premisa decisiva a quién se nomina, quién acepta ser nominado, por quién se vota y cómo apoyarlo en su gestión.

Una condición aún mayor: la realización práctica de la democracia en Cuba tiene una fuerte dosis de representatividad y los espacios de participación real de la población han demostrado insuficiencias. Ello supone que las personas por las que el pueblo vota sean capaces de representar plenamente los intereses de sus electores en las estructuras ascendentes de gobierno y en los cuerpos legislativos, sobre todo en la Asamblea Municipal del Poder Popular y en la Asamblea Nacional.

Resulta contradictorio que los que votan a esas instancias a la hora de tomar las grandes decisiones, representando a un pueblo que tiene opiniones diversas y heterogénea, se fijen más en la propuesta de los administrativos y lo hagan de manera unánime, en asuntos en que sus representados no opinan de manera homogénea.

Es un problema a resolver superar la falsa unanimidad y lograr que delegados y diputados aporten a las estructuras legislativas una fisonomía que se parezca más al pueblo que representan.

Para ello debe perfeccionarse también la composición de las asambleas, en la búsqueda de un balance estructural en favor de los elegidos en la base y no de los designados para administrar. De lo contrario, los mismos que proponen deciden y se rompe la contrapartida de poderes, causa de muchos errores estratégicos reconocidos en los documentos programáticos de los congresos del Partido Comunista de Cuba.

Todas estas limitaciones pueden estar tirando las riendas de las tendencias reduccionistas en la visión del delegado, que limitan su rol y lo ponen en una disminuida posición de tramitador de recursos que, al estar escasos, simplifican su figura.

El elegido del pueblo necesita una revancha que debe venir desde tres direcciones: de los gobernantes que le deben enaltecer ante su pueblo, no solo dándole recursos materiales, porque no se gobierna solo a partir de la tenencia de objetos; desde el pueblo que lo nomina y elige, aprovechando todas las posibilidades de tramitación de intereses en todos los órdenes y, finalmente, desde él, en su capacidad para entender esos intereses diversos del ciudadano y ser capaz de representarlos en todos los espacios donde, más que un delegado o diputado, “él” deber ser “yo”.