¿Emigrar o no emigrar?

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Le dicen La Tumba y duele, hiela escribirlo; tanto como la fría y violenta corriente del río Bravo, que le segó la existencia a 166 migrantes, de diversas nacionalidades, el año pasado al intentar cruzarlo por las inmediaciones del poblado de Piedras Negras, estado de Coahuila, México, colindante con la ciudad de Eagle Pass, Texas, según la Patrulla Fronteriza, citada por medios locales.

Esas mismas aguas turbulentas se llevaron la vida de 35 personas en los tres primeros meses del 2022 y trajeron el dolor inmenso a una familia villaclareña, que perdió a un padre y a su hijo de 20 años el 17 de marzo último, para confirmar, lastimosamente, que el río Bravo es una tumba.

Doce días después, la versión digital del periódico Los Ángeles Times aseguraba que alrededor de 7 000 migrantes son detenidos a diario tras cruzar la frontera entre Estados Unidos y México, un significativo aumento en relación con la cifra registrada en febrero.

En particular, la nota informativa de la AP, difundida por la publicación californiana, indica, además, que la jefatura de la Patrulla Fronteriza expuso que 1 500 cubanos fueron arrestados el 28 de marzo, más del doble del promedio diario del mes anterior.

Sean más, sean menos los migrantes de la isla retenidos, las estadísticas corroboran la crisis migratoria que enfrenta Cuba en los últimos meses; fenómeno multicausal no exclusivo de la Mayor de las Antillas; aunque medios anticubanos insistan en instaurar la matriz de opinión de que esas personas —puede ser el vecino que se daba cruce con usted en la escalera del edificio, o, en el peor de los casos, un hijo— huyen del régimen.

Pero, ¿por qué miles de cubanos han optado por emigrar de modo irregular, so pena de exponerse a asaltos, policías corruptos, extorsiones… durante un itinerario de cientos y más de cientos de kilómetros por varios países, que puede incluir lo mismo atravesar la selva del Darién, en Colombia y Panamá, que caminar durante horas por el desierto?

¿Por qué poner la vida en manos de los coyotes, eslabones de redes de internacionales de tráfico y trata de seres humanos, si es harto conocido que, cuando ellos ven desfallecer en el camino a alguien del grupo, por el agotamiento u otro motivo, más que recomendar, le ordenan al resto dejarlo tirado ahí mismo? ¿Qué motivos llevan a los migrantes a pagar a los también conocidos como “polleros” entre 8 000 a 11 000 dólares por persona para cruzar la frontera, de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos?

Sin subestimar otras, tres causales de peso mayor inciden en la decisión individual y el derecho de los cubanos a migrar; en este caso de forma insegura: la política estadounidense hacia la nación caribeña; la crisis económica interna y otros problemas sociales acumulados, que disparan las carencias, así como la necesidad de reencontrase con su familia; recuérdese que está congelado el programa de reunificación, mientras miles de expedientes duermen en los archivos consulares.

Que un coterráneo arriesgue hasta la vida para pisar Estados Unidos mucho tiene que ver con la política migratoria de ese país hacia la isla antillana y, particularmente, con la Ley de Ajuste Cubano, traje a la medida para azuzar las salidas ilegales, y de ello estaban clarísimo los congresistas que la suscribieron en 1966.

La legislación de marras continúa siendo el “caramelo” de entonces, que les enseñan del lado de allá del Estrecho de la Florida, únicamente a los nuestros, mientras al resto de los migrantes se les hace la boca agua por los privilegios que otorga: casi automáticamente, todo cubano que arribe al norteño país, no importa la vía, recibe la residencia permanente; en los inicios ocurría a los dos años de estancia y desde 1976 al cabo de los 12 meses.

Al final, váyase por el motivo que sea, al migrante nacido aquí le endilgan el calificativo de perseguido político y, cuando no, el de un ciudadano con miedo a retornar a la isla. Pura novela que busca minar, poco a poco, el proyecto político de la Revolución.

Habría que añadir que el panorama actual tuvo un antecedente que no debe obviarse en el más elemental análisis: el acuerdo suscrito el 12 de enero del 2017 entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, paso en la búsqueda de la normalización de sus relaciones migratorias, que implicó la derogación de la política llamada “pies secos-pies mojados” y del Programa de admisión provisional (Parole) para profesionales cubanos de la salud, en terceros países, así como el compromiso de conceder, como mínimo, 20 000 visas cada año.

Sin embargo, el acuerdo duró poco en pie; el 16 de junio del mismo año, el presidente Donald Trump rubricó en Miami el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional sobre el Fortalecimiento de la Política de los Estados Unidos hacia Cuba, que demolió cada párrafo, línea a línea, los acuerdos firmados durante el proceso gradual de normalización de los vínculos bilaterales, promovidos por los entonces mandatarios Raúl Castro y Barack Obama.

A seguidas, la Casa Blanca inventó el cuento chino de los supuestos ataques acústicos al personal diplomático que laboraba en su Embajada en La Habana, y a sus familiares; conjura de imaginable efecto dominó: la reducción drástica de la cifra de funcionarios en esa sede, la paralización del otorgamiento de visas allí y el traspaso hacia terceras naciones de los trámites consulares, con el correspondiente impacto negativo en el bolsillo de los interesados en viajar, a quienes, incluso, se les puede negar la solicitud de visado, luego de realizar cuantiosos gastos, como ha sucedido.

No hace falta ponerse en la piel de esos ciudadanos para saber el malestar y la incertidumbre que ello ocasiona; objetivo también presente en la firma, por el entonces presidente John F. Kennedy, de la Proclama 3447 el 3 de febrero de 1962, que decretó el “embargo” total del comercio con Cuba. Este hecho formalizó el bloqueo económico, comercial y financiero de Washington; política cuyos propósitos explícitos aparecen en el memorando del subsecretario de Estado, Lester D. Mallory, del 6 de abril de 1960: “provocar el desengaño y el desaliento mediante la insatisfacción económica y la penuria (…), debilitar la vida económica negándole a Cuba dinero y suministros con el fin de reducir los salarios nominales y reales, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno”.

Casi nadie discreparía con que Donald Trump fue un seguidor a carta cabal de los enunciados de Mallory. Los indicios más nítidos los dio en Miami, Florida, en junio del 2017, cuando anunció la “cancelación total del mal acuerdo con el régimen cubano”, ante la audiencia reunida en el teatro Manuel Artime, donde se encontraban, en las primeras filas, integrantes de la Brigada 2506, derrotada en playa Girón.

Para aniquilar la “dominación comunista”, de la cual Trump habló en Miami, la Casa Blanca limitó los viajes de los ciudadanos de Estados Unidos a Cuba, suspendió los vuelos comerciales aéreos fuera de La Habana, restringió las remesas y persiguió los tanqueros de petróleo que trasladaban el combustible hacia Cuba con la agilidad y la malicia de los piratas.

En total, 243 medidas para atizar el cerco y ajustarle más la soga al cuello del pueblo cubano; disposiciones que Joe Biden mantiene con la vitalidad de su antecesor, todo en función de promover la desestabilización social y acentuar la crisis económica en el país antillano, tensada por la pandemia de la covid.

Tan complejas circunstancias económicas impactan, lógicamente, en las familias cubanas, que han visto caer el poder de compra de sus salarios, en medio de una inflación minorista que desconcierta; fenómeno expresado, en lo fundamental, en los precios de oferta y demanda, debido a la galopante ilegalidad, reventa y especulación.

Estas últimas manifestaciones encuentran caldo de cultivo en el alto desabastecimiento de la red comercial, agudizado por factores diversos, y la muestra está en que Cuba disponía de casi 10 000 contenedores de mercancías en distintos puertos a la espera de ser embarcados en diciembre pasado, pues el temor a las sanciones estadounidenses ahuyentaba a las navieras contactadas, entre otros porqués.

Pero, ¿todas nuestras carencias corren a la cuenta de la política de hostigamiento de Estados Unidos? La compleja situación económica de los años más recientes ha estado mediada, asimismo, por la ineficiencia de un segmento nada despreciable del sistema empresarial y del presupuestado, donde han emergido lagunas en el control de los recursos materiales y financieros, el burocratismo y trabas innecesarias.

No son estos los únicos motivos que, a lo interno, han distanciado, en menor o mayor medida, el ideal de sociedad a la que aspiramos y la que vivimos en este minuto, hija de una Revolución perfectible; que, pese a la incuestionable obra social gestada, no ha avanzado lo suficiente en la solución de problemas como el de la vivienda.

Esa realidad afecta a no pocas familias en Cuba, que notifica, según estimados, el 38 por ciento de su población con parientes que residen en el exterior, revela un artículo consultado. Tan elevado porcentaje no debe subestimarse al examinar la determinación de muchas personas de migrar en busca de la reunificación familiar. Ello no excluye otras causas como la definición de nuevos proyectos de vida y la discrepancia con el destino político y soberano de la isla, que, contra viento y marea, persiste en su propósito de lograr plena justicia social.

Preocupa y duele cada persona que se va, no solo porque es una menos para construir la nación que queremos; preocupa y duele más al leer uno entre tantos titulares como este: “Muere joven migrante cubano al intentar cruzar el río Bravo”.