El décimo período ordinario de sesiones de la novena legislatura de la Asamblea Nacional aprobó este miércoles la Ley de la Fiscalía General de la República, como parte del cronograma legislativo derivado de la Constitución.
Al presentar el proyecto, Yamila Peña Ojeda, fiscal general de la República, destacó que esta norma nace de la necesidad de atemperar este órgano al contexto en que se desarrolla su labor y adecuar sus funciones, estructura y composición, a su misión constitucional.
Dentro de las particularidades de la normativa, se identifican los principios rectores de la actividad de la Fiscalía, partiendo de la defensa del Estado socialista de derecho y justicia social; determina el alcance de la actuación para garantizar el cumplimiento de la misión fundamental y, perfecciona los objetivos y funciones del órgano, en correspondencia con el nuevo encargo constitucional y los impactos de la reforma judicial y procesal, entre otros aspectos.
El grupo de trabajo integrado por profesionales de varias instituciones, encargado de elaborar el proyecto, consultó un paquete de normativas vigentes del Fiscal General de la República y estudió más de 13 leyes de fiscalías generales, procuradurías y ministerios públicos de la región de las Américas, y la de Rusia, China y Vietnam.
A la vez, revisó 527 trabajos de investigación científica.
Este proyecto es fruto de un trabajo colectivo, que contó con la opinión de académicos, expertos y diputados, resaltó Peña Ojeda en el Palacio de Convenciones de La Habana.
De acuerdo con la fiscal general de la República, la norma refuerza la garantía del debido proceso en el régimen disciplinario de los fiscales y regula la práctica institucional en materia de aplicación y desarrollo de la ciencia y la innovación, el uso de las TICs, y reconoce la comunicación social.
José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, presentó a los diputados el dictamen del proyecto de ley. Dijo que la normativa recoge los principios esenciales del trabajo de la Fiscalía, como el de legalidad e imparcialidad.
Reafirma también el principio de dependencia jerárquica, lo que implica que el fiscal general de la República representa al órgano y debe velar por la disciplina. “Se va a enriquecer con la facultades del fiscal general, pues tiene la capacidad de designar a todos los fiscales, excepto a los vicefiscales generales”.
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