Escambray Periódico de Sancti Spíritus
EDITORIAL
Un hogar no es un techo de hormigón, tejas, fibrocemento o de humildísimo guano, que descansa sobre cuatro frías paredes. Un hogar lo hace la familia, de sangre o no, que comparte su destino y, en lo esencial, sus afectos, debajo de ese techo y entre esas cuatro paredes. Adviértase por qué ninguna familia es calco de otra.
Alrededor de tal precepto, construimos palabra a palabra, artículo a artículo, el Código de las Familias, que este 25 de septiembre aguarda por el voto responsable de los convocados a las urnas en un referendo popular, manifestación real de cómo podemos devenir actores de un ejercicio legislativo.
Es la oportunidad de protagonizar un acontecimiento excepcional: hasta hoy, Cuba únicamente conocía de procesos de consultas y referendos en el ámbito constitucional; ejemplificado en la aprobación de las Cartas Magnas de 1976 y 2019.
Que el 22 de julio último la Asamblea Nacional del Poder Popular suscribiera el Código de las Familias no significó que, de modo automático, este entrara en vigor. Para que dicha ley surta eficacia y validez plenas, es preciso el cumplimiento de un trámite de la mayor relevancia política y jurídica: su validación por el voto popular, como trascendió en las sesiones del Parlamento.
A tenor de ello, el órgano con potestad constituyente y legislativa convocó al referendo para este domingo, cuyos resultados tendrán carácter vinculante; o lo mismo, el código podrá aplicarse si recibe el voto afirmativo mayoritario, es decir, más del 50 por ciento de las boletas válidas depositadas en las urnas.
Por ende, con la afluencia a los colegios electorales nos convertiremos en decisores en un asunto cardinal de la nación: la aplicabilidad del Código de las Familias, una de las leyes con más alcance social y político en la historia jurídica del país.
Un sólido argumento apuntala la aseveración: la norma legal desarrolla los derechos constitucionales en materia familiar y otros afines, y responde a los compromisos internacionales asumidos por Cuba, al revalidar tratados de derechos humanos, entre estos, las convenciones sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, acerca de la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la referida a los Derechos del Niño.
Asumir los tratados, vistos desde las realidades de la isla caribeña, prevaleció en la construcción colectiva de la nueva ley, redactada con la sapiencia de la academia y del pueblo. No es noticia, pero vale recordar: como resultado de la consulta popular, celebrada de febrero a abril, fue modificado el 47.93 por ciento del texto general y el 49.15 por ciento del total de sus artículos.
Pocas veces, el mundo ha presenciado un ejercicio democrático de tal magnitud; no ponderarlo sería injusto, y ello explica por qué ha corrido tanto billetaje verde detrás de los telones, sacado del contribuyente estadounidense, para descalificar el código; independientemente de que a cada ciudadano le asista el derecho de discrepar acerca de cierto pronunciamiento de la norma legal, lo cual no debiera erigirse en razón para invalidarlo completamente.
Esta disposición consagra el valor y el principio de la dignidad como la esencia de los derechos de la persona, y brinda cobija protectora para todas y todos, sin distinción de edad, sexo, orientación sexual o de género, discapacidad, o su posible situación de vulnerabilidad; de ahí, su visión inclusiva.
¿Por qué todas las personas no pueden constituir una familia? El código reconoce ese derecho. “No se trata de excluir el poder de la sangre, del ADN; sino de compatibilizarlo con otras maneras de construir maternidades y paternidades en las que en ocasiones no existe ese componente genético, pero sí sobra corazón y amor”, comentó ante los parlamentarios cubanos el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
En torno a esa idea, existe consenso social, verificado en el proceso de consulta del entonces proyecto de ley, cuya versión 25 y definitiva confirma que las relaciones familiares tienen como ejes la solidaridad y el afecto; este último considerado como un valor jurídico, una de las novedades más relevantes del documento.
Ni en un estrado ni en una cúpula se redactó el código, que esgrime el respeto al otro como una de sus credenciales más humanas; que parte, además, de una premisa clave: cada familia es única y, por consiguiente, resulta inviable proyectar o definir un modelo de esta.
A la luz de tal perspectiva, la ley, como aclaró el Presidente Díaz-Canel, no se concibió para diseñar una familia o para asumir una construcción familiar que no se avenga a las convicciones éticas o religiosas de una persona.
Hace más de 47 años, Cuba devino en el tercer país de América Latina y el Caribe en disponer de una ley sobre materia familiar —solo antecedida por Bolivia y Costa Rica—, un hito en la historia legislativa y social de la Mayor de las Antillas.
Hacia esa legislación, hoy desactualizada, miró y tendió puentes el nuevo Código de las Familias, que espera este domingo por nuestro voto, el mejor ejercicio de poder popular. Será un sufragio por una ley que valora a todos y todas, que defiende un concepto: un hogar no es un techo de hormigón, tejas, fibrocemento o de guano, que descansa sobre cuatro frías paredes. Un hogar lo construye, desde los afectos, cada familia, diferente e irrepetible.
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Escambray / ISSN 9664-1277
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