Quedar disponible, quedar en la calle

Solo un kamikaze quisiera verse hoy en los zapatos de los más de 2 300 trabajadores espirituanos que enfrentan el proceso de disponibilidad laboral; que significa, en la concreta, la posibilidad real de perder el empleo con el consiguiente trauma personal y familiar, agravado por la inflación minorista, que ha picado y se ha extendido hasta las gradas del jardín central.

Ante todo, pongamos este proceso en su lugar: aunque no constituye una novedad en materia laboral, hoy está más asociado a la implementación del paquete de medidas aprobadas para el fortalecimiento de la empresa estatal socialista, con un punto fijo en el horizonte: el logro de la eficiencia económica, que debe redundar en un alza productiva y de servicios.

Sin embargo, habría que preguntarse si cortar el vínculo laboral acaso no es el camino más fácil encontrado por algunas administraciones en la búsqueda a ultranza de ese objetivo, que presupone la obtención de utilidades y su reparto en los colectivos.

Donde se pensó y obró así resulta cuestionable, como sucedió en la Empresa Provincial de Acueducto y Alcantarillado; anomalía constatada por Rodolfo Gallego Soriano, miembro del Secretariado de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en la provincia.

Obviamente, la eficiencia no cae del cielo, como tampoco las fuentes alternativas de ingreso, que están sujetas a destrabar todo el pensamiento innovador y poner este en función de ello, como si se tratara de la economía hogareña.

El sentido común indica, asimismo, que el proceso de disponibilidad nazca de conjunto con la conformación del plan anual de la economía de cada entidad, cuyo diseño supone tanto el pronóstico de los niveles productivos como de los recursos humanos a emplear, entre otras variables.  

Lo anterior no niega otro razonamiento: el proceso de disponibilidad es pariente cercano del fenómeno de las plantillas infladas, diana del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, en varias de sus intervenciones, y criticado, además, por el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien ha calificado de empresas “cabezonas” a aquellas entidades con una cifra desmedida de cuadros, funcionarios y trabajadores en el área administrativa, en detrimento de los vinculados directamente a la producción y a la prestación de servicios.

No obstante, paradójicamente es usual encontrar que la disponibilidad afecte al personal directo, en lugar del indirecto o de apoyo; realidad solo explicable si augura, como razón esencial, un desplome de la actividad productiva, debido a una baja en la entrada de materias primas y otros insumos.

En ese contexto y sin dejarnos seducir por el paternalismo, tan pernicioso, hay estadísticas que deben leerse con toda la sensibilidad del mundo. De acuerdo con la Subdirección de Empleo de la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, entre las entidades con números nada desestimables de procesos de disponibilidad concebidos para este año se encuentran la Empresa Integral Agropecuaria con 350 trabajadores; la Porcina, 281; Provincial de la Industria Alimentaria; 200; Provincial de Transporte, 192, y Provincial de Acopio, 179. No menos relevantes son las sumas previstas en la Agroindustrial de Granos Sur del Jíbaro (123), Agropecuaria Obdulio Morales (122) y en la de Tabaco Torcido (100).

Que el Consejo de Ministros le levara ancla a la autonomía de las empresas, a tenor de un mandato constitucional, no equivale a desmarcarse de lo legislado, en lo fundamental del Código de Trabajo y su reglamento correspondiente, entre otras normativas.

Aun cuando las empresas pueden decidir su plantilla laboral, no le deben echar tierra y darle pisón a lo dispuesto: en el sector estatal los trabajadores pueden ser declarados disponibles debido a procesos de reorganización de los órganos, organismos, entidades nacionales, consejos de la administración y organizaciones superiores de dirección empresarial.

También se justifica al suceder cambios técnicos o tecnológicos, al disminuir el nivel de actividad, al estudiarse la organización del trabajo u otras medidas que permitan un uso más racional de la fuerza de trabajo, y al fusionarse o extinguirse entidades, como fueron CubaTaxi y Taxis Cuba en la provincia, donde, por motivos obvios, los disponibles se concentran en el personal de las áreas administrativas de esas entidades.

En cualquiera de las circunstancias, el principio de la idoneidad demostrada regirá el proceso de determinación de los trabajadores que permanecen en la entidad y de los disponibles; análisis que debe estar apuntalado por las evaluaciones periódicas del desempeño individual.

Decimos “debe” por cuanto estas últimas muchas veces no se realizan e, incluso, cuando se efectúan, la superficialidad, en no pocas empresas y unidades presupuestadas, campea por su respeto; es decir, no valen ni un comino en el momento de decidir con justedad quién se queda y quién se va.

En dicho proceso y por ley, la organización sindical no puede ser un cero a la izquierda. Alertar, asesorar, velar por el cumplimiento de lo instituido y el apego a los derechos de los trabajadores son obligaciones que van a la cuenta del sindicato, el cual, en algunos centros, ha dado indicios de parcialidad y favoritismo.

No es presunción; lo admite con toda honestidad Oslidia López Martín, integrante del Secretariado de la CTC en la provincia, órgano que ha encerrado en círculo rojo el objetivo 8 del XXI Congreso, dirigido a prestarle especial atención al tratamiento de las interrupciones laborales —condición previa a quedar disponible— y a exigir la reubicación de los trabajadores afectados.

Inquieta sobremanera que el sistema empresarial no esté precisado por norma en informar las plazas vacantes a los burós municipales de empleo, lo cual se la pone más difícil a los trabajadores disponibles, quienes pudieran ser reubicados en esos puestos, de por sí escasos, sobre todo en Trinidad, Fomento y Yaguajay.

Preocupa en demasía que en entidades como en la Empresa Provincial de Acopio y en la de Farmacias y Ópticas, ante la cercanía de los procesos de disponibilidad las administraciones adopten medidas como el cierre de contratos por tiempo determinado, en quebranto de los derechos de los trabajadores.

Sobre ello podría redactar un tratado el área de Asuntos Laborales y Sociales de la CTC en el territorio, que notifica 15 reclamaciones en el 2022 por este motivo; ejemplo palmario, igualmente, de debilidades en el funcionamiento y proyección de las organizaciones sindicales implicadas, urgidas de asumir, en tales casos, sus funciones con responsabilidad, en primera y última instancia, por una cuestión de sensibilidad. Se trata de ponerse en los zapatos de la persona perjudicada, a quien al ser declarada disponible, la amparan ciertas garantías salariales.

Alguien pudiera cuestionar qué representan unos 2 300 trabajadores a punto de quedar sin plaza, en relación con los más de 110 000 espirituanos vinculados al sector estatal. Matemáticamente, casi nada; humanamente, muchísimo, porque dígase sin rodeo, quedar disponible es quedar en la calle.