Cuando apenas se esbozaban sus primeros trazos, el Código de las Familias miró —con vista aguzada— a nuestros hogares y expuso realidades. No plasmarlas en la letra jurídica no las elimina y hasta nos hace cómplices de conflictos y conductas que violan derechos esenciales del ser humano, aunque transcurran en los escenarios más íntimos.
Desde su génesis como Anteproyecto de ley, el documento pretendió —en manos de los expertos que conformaron la Comisión Redactora— reivindicar los derechos precisamente de los más vulnerables y en desventaja en el ámbito familiar: niñas, niños y adolescentes, personas víctimas de violencia y discriminación, adultos mayores, o en situación de discapacidad… esa otra realidad cubana a la que no podemos ni debemos darle la espalda.
“¿Qué ganamos votando a favor del Código o qué perdemos si votamos en contra?”; la interrogante formulada por el Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez durante un encuentro con los especialistas responsables de la elaboración del nuevo texto y que contiene los resultados finales del proceso de Consulta Popular a que se sometió la anterior versión nos coloca justo frente a una decisión que debe despojarse de dogmas y estereotipos del pensamiento social más conservador en la isla.
Vale la pena señalar entre los elementos emancipadores de esa tendencia retrógrada, los artículos que invitan a aceptar como sujetos de derechos a quienes opten por el matrimonio igualitario, la adopción, la reproducción asistida y la gestación solidaria, sin dudas, de los temas más manipulados y cuestionados en las redes sociales y que constituyen expresión de la diversidad de las organizaciones familiares que conviven en la Cuba de hoy.
Desconocer estos derechos condena a quienes hasta ahora han permanecido al margen de la ley y en una suerte de limbo jurídico. Y nos compulsa a aceptar la pluralidad como una condición humana y emancipadora.
Otras cuestiones, de las más sensibles y urgentes, encuentran también sustento en la norma tras su aprobación en Referendo, y que resultarán en la construcción de las medidas de protección a las personas en desventaja dentro del grupo familiar, respaldadas en los principios de interés superior del niño, del envejecimiento saludable, de la inclusión y el apoyo a la ancianidad y a la discapacidad a partir de una visión más cercana a la colaboración y a la asistencia.
A los padres cubanos, el voto positivo nos regala la oportunidad de cultivar métodos de enseñanza donde prevalecen los afectos, además de entender la niñez y la adolescencia desde una nueva dimensión, más respetuosa de sus derechos, capacidades y de su bienestar.
El debate —uno de los momentos más trascendentales del proceso— nos acercó al criterio de los expertos como contraparte para desmontar mitos en relación con algunos conceptos nuevos que no retiran derechos a quien los tiene; por el contrario, los extiende a parientes y familiares de hecho que participan en el proceso funcional de las familias, a quienes hoy solo se les reconocen deberes ante la ley.
Lo anterior refrenda ante la norma y ante la vida nuestro compromiso —léase responsabilidad parental— en la educación y la felicidad de los hijos; que sean tomados en cuenta sus criterios en las decisiones familiares, sin ejercer principios de posesión ni violencia. ¿Acaso no es esa nuestra meta como padres?
El nuevo texto, que será puesto a la consideración de los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular en este mes de julio, es resultado de un proceso de participación ciudadana con ricos matices y otros significados que ameritan ser anotados.
De un lado, acepta todos los modelos de familias donde el afecto y la solidaridad enriquezcan las relaciones entre sus miembros; pero además actualiza contenidos relacionados con la obligación de proveer alimentos y la valoración económica del trabajo en el hogar, entre muchos otros asuntos de profundo sentido ético y de justicia social.
Del otro, el documento garantiza absoluta libertad a madres y padres para pactar la distribución de la guarda y los cuidados de sus hijos e hijas, a los cónyuges al momento de pactar el régimen económico de su matrimonio, a los miembros de la unión de hecho afectiva para organizar su convivencia, así como para solucionar los conflictos familiares a través de la mediación y no por un tribunal.
Aprobar el Código de las Familias constituye una oportunidad hermosa para dejar atrás el patriarcado, el machismo, la discriminación, la intolerancia y otros privilegios basados en el poder de unos sobre otros. Será un paso tremendo en la aspiración de las cubanas y los cubanos de construir nuevos pactos sociales y dar voz a todos en su pluralidad. Que sean los afectos y lo humano los valores que digan la última palabra sobre la norma jurídica.
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