Con la participación del presidente Miguel Díaz-Canel, el Consejo de Estado de Cuba pasó revista este martes a varios de los temas que serán analizados próximamente por los diputados en la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento).
Los proyectos leyes de la Fiscalía Militar, de la Salud Pública, del Sistema de Atención a las Quejas y Peticiones de las Personas y del Presupuesto del Estado para el 2024 fueron algunos de los asuntos evaluados en el encuentro, que también contó con la presencia del primer ministro Manuel Marrero.
Esas disposiciones normativas serán sometidas desde el próximo 20 de diciembre a consideración del Parlamento cubano, en el segundo periodo ordinario de sesiones de la X Legislatura.
Los integrantes del Consejo de Estado, encabezados por su presidente, Esteban Lazo, aprobaron el decreto ley modificativo de la norma 157 “Del Presupuesto del Estado para el año 2023”, del 12 de diciembre de 2022.
Según informó la Asamblea Nacional en su sitio web, dicha disposición pauta una propuesta de ajuste al Presupuesto del Estado para el presente año y, en consecuencia de ello, se estima un incremento del déficit fiscal aprobado en ley, lo que incide en el importe de la deuda pública.
El ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro, explicó que esta propuesta fue presentada por el comité ejecutivo del Consejo de Ministros, teniendo en cuenta las limitaciones de recursos financieros del Presupuesto del Estado para respaldar las demandas de gastos en los sectores presupuestado y empresarial, así como las afectaciones en la captación de los ingresos.
En el encuentro también se abordó el cumplimiento del cronograma legislativo de la isla y las propuestas de actualización a este texto, que serán presentados ante el órgano supremo del poder del Estado.
Al respecto, el ministro de Justicia, Oscar Silvera, señaló que uno de los principales retos del proceso legislativo reside en garantizar la calidad de las propuestas por el estricto cumplimiento de la Constitución de la República y el cronograma, así como la coherencia en el ordenamiento jurídico.
Silvera apuntó que también es necesario cumplir con las indicaciones del presidente Miguel Díaz-Canel referidas a la participación popular de la actividad legislativa, con la realización de consultas especializadas, publicación en los sitios web oficiales de la institución ponente y consultas a expertos.
El titular hizo hincapié en la importancia de eliminar las deficiencias que subsisten en la planificación y el cumplimiento de los cronogramas de elaboración de las normas jurídicas.
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