El 12 de septiembre de 1998 el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos consumó hacia Cuba el odio de algunos sectores del sur de Florida que este 12 de septiembre, 25 años después, sigue siendo el mismo.
Ese día, sábado en el calendario, agentes del FBI irrumpieron en los hogares de un grupo de cubanos que desde Miami monitoreaban las acciones de personas y organizaciones terroristas radicados con total impunidad en esa ciudad.
Las imágenes de sus rostros se multiplicaron en los medios de prensa, como un trofeo presentaron a la Red Avispa. Comenzaba entonces el show político y también el largo camino hacia la justicia.
Según consta, horas después del operativo y ese mismo 12 de septiembre, el FBI informó a los congresistas Ileana Ros Lehtinen y Lincoln Díaz-Balart, ambos de larga trayectoria anticubana, sobre los arrestos.
La jueza Joan Lenard que los condenó en 2001, ya había anticipado a la prensa de Miami que el proceso sería “mucho más interesante que cualquier programa de televisión”.
Ese año Cuba sacó a la luz pública las identidades de René González, Ramón Labañino, Fernando González, Antonio Guerrero y Gerardo Hernández, conocidos luego como Los Cinco en las campañas solidarias que movió a miles en el mundo por su liberación.
Existe una evidencia abrumadora de la injusticia con los cinco antiterroristas cubanos prisioneros en Estados Unidos, las acusaciones en el intento por dañar a Cuba, son contraproducentes para el gobierno de mi país, afirmó en su momento el abogado Richard Klugh.
El jurista, que fue integrante del equipo de la defensa, catalogó el caso «de vergüenza» en declaraciones a Prensa Latina.
Como una ironía resultó el arresto, porque menos de tres meses antes, en junio de 1998, el Gobierno de Cuba, entregó en La Habana a dos importantes responsables del FBI un voluminoso expediente sobre 64 individuos implicados en el terrorismo contra Cuba que vivían en la Florida. Por cierto, nunca fueron molestados por las autoridades estadounidenses.
Sin embargo, la respuesta del FBI fue “matar al mensajero” como expresaron expertos al evaluar con este caso la postura de doble rasero de Estados Unidos en su lucha contra el terrorismo.
Los Cinco recibieron las más severas condenas que en su conjunto sumaron cuatro cadenas perpetuas más 77 años de cárcel.
“En los momentos más difíciles de nuestro caso, cuando nos encontraron culpables y todo el mundo sabía que se desataría el odio él (Fidel Castro) aseguró al pueblo que volveríamos”, confesó Gerardo Hernández, sobre quien recayó la sentencia más dura: dos cadenas perpetuas más 15 años.
El 17 de diciembre de 2014, en efecto, Hernández, Labañino y Guerrero, retornaron a la patria luego de un largo proceso de negociación, de campañas solidarias y en un escenario en el que se anunció por los presidentes Raúl Castro y Barack Obama el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países.
Tal restauración de los nexos bilaterales se concretó en julio del siguiente año con la apertura de embajadas en ambas capitales.
Los tres se uniron a René y Fernando, que ya habían regresado a su patria después de cumplir las sentencias.
Actualmente los Cinco llevan sus vidas en Cuba y cada foto familiar, cada éxito que tienen es la alegría de todo un pueblo; sin embargo, el odio de esos mismos sectores de Miami no amilana.
Una de las más recientes maniobras resulta una total paradoja, pues contradice la actitud coherente que Cuba ha tenido siempre en su combate al terrorismo.
Congresistas de Florida tratan de codificar en ley la designación de de Cuba en la arbitraria lista de la Casa Blanca de estados patrocinadores del terrorismo y en ese sentido el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes recién aprobó la Ley FORCE, que será votada en el pleno en las próximas semanas.
“No es irónico que la represente María Salazar sea la misma que intenta codificar en ley la designación de Cuba como ‘Estado patrocinador del terrorismo’, mientras promueve activamente el terrorismo patrocinado por Estados Unidos contra Cuba”, escribió la activista Calla Walsh, copresidenta de la Red Nacional de Solidaridad con la isla.
En enero de 2023, la congresista de ultraderecha reintrodujo la H.R. 314, la Ley “Fighting Oppression until the Reign of Castro Ends”, también conocida como Ley FORCE, por sus siglas en inglés, un proyecto que impediría al presidente Joe Biden cualquier intento de cambiar su política hacia Cuba.
Esa versión de la ley fue presentada en el Senado por los legisladores republicanos de Florida Marco Rubio y Rick Scott, así como Ted Cruz, de Texas.
Una pena que ese puñado de congresistas se opongan a la opinión mayoritaria del pueblo estadounidense y de personalidades que aquí piden eliminar a Cuba de esa lista y exigen levantar el bloqueo que por más de 60 años impone la Casa Blanca al pueblo cubano, elementos esenciales para avanzar en la normalización de las relaciones bilaterales.
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