Desacatos al entorno urbano

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Las ciudades y hasta los pueblitos más pequeños, antes más tranquilos y con otros olores, hace rato no son los mismos; resulta ya frecuente encontrar un balcón enrejado desde los cimientos hasta el techo o un garaje en un edificio multifamiliar, entre otras tantas transformaciones que alteran el equilibrio del entorno.

Mucho puede hacerse a favor de una ciudad segura y resiliente, una de las razones por las que se creó la Jornada Octubre Urbano que, auspiciada por el  Instituto de Ordenamiento Territorial y Urbanismo (Inotu), se desarrolla en Sancti Spíritus, al igual que en todo el país, hasta el 31 del mes en curso con la finalidad de crear conciencia, promover la participación, generar conocimiento e involucrar a las comunidades espirituanas en la creación de un mejor futuro urbano y un mayor desarrollo sostenible.

Si bien el mes de octubre marca estas celebraciones, durante todo el año en el territorio se sostienen las acciones a favor de la estricta observancia de las normas urbanísticas y el planeamiento territorial, para, de alguna forma, poner coto a la anarquía y el desorden que reina por algunos rincones del territorio, donde pululan violaciones en edificios, viviendas e inmuebles de todo tipo, pero también en calles ocupadas sin ningún permiso y aceras con tropiezos para los peatones, a pesar de las normas, que ojalá se cumplieran.

De acuerdo con Marinelis Jiménez González, delegada provincial del Inotu, desde que se iniciaron las disposiciones en el 2012 la provincia ha mantenido un trabajo sostenido en materia de ilegalidades, que con los años se fueron erradicando hasta llegar en algún momento al mínimo en las personas naturales y a cero en las jurídicas.

Sin embargo, de no asumirse el enfrentamiento como un sistema en el que todos los factores interactúen a la hora de plantarse contra las ilegalidades en materia de urbanismo como la única vía para evitar violaciones, se deriva un resultado adverso: Sancti Spíritus reporta cierto incremento de las violaciones urbanísticas durante la última etapa.

Un nuevo levantamiento habla a las claras de las grietas en los mecanismos de control y actualmente la cifra es de 2 593 transgresiones, de ellas 295 detectadas en lo que va de año, en su mayoría de personas naturales, con la salvedad de que las playas del territorio están libres de esas violaciones desde el 2017.

Hasta el momento se ha solucionado el 97 por ciento de las 2 010 planificadas, la mayoría de ellas referidas a legalización de viviendas en barrios de Jatibonico, un grupo de inmuebles en la localidad de Nieves Morejón, en Guayos, y una parte del asentamiento Las Piñas, en Trinidad, en tanto quedan pendientes violaciones en edificios multifamiliares de Trinidad y Cabaiguán, y ocho reubicaciones de inmuebles ubicados en barrios ilegales en La Sierpe y Taguasco.

A fin de evitar contravenciones, se han aplicado cerca de 1 000 multas, fundamentalmente en los municipios de Sancti Spíritus, Jatibonico y Trinidad, por cuestiones relacionadas con quebrantamientos de regulaciones urbanísticas y de proyectos, incumplimientos de la obligación de hacer demoliciones, construcciones, ampliaciones y reposiciones de viviendas sin la documentación establecida, cambios estructurales de locales y construcciones de inmuebles sin autorización y ocupaciones ilegales de suelos.

Yanet Clavo Valle, especialista de la Dirección de Inspección Estatal y Control del Territorio en el Inotu, argumenta que entre las infracciones figuran instalación inadecuada de aires acondicionados en las paredes, ampliaciones o patios cercados y la mayoría se concentran en repartos donde hay biplantas y edificios multifamiliares de casi todos los municipios.

Más allá del ordenamiento urbanístico, las indisciplinas del entorno tienen otra cara cuando en las vías públicas cualquiera obstruye a su antojo calles y aceras, sin que medie una multa, con el agravante de que estas últimas, ya de por sí estrechas en esta provincia, están ocupadas, además, con postes, señales de tránsito, letreros comerciales y depósitos de basura, al punto que le hace difícil el paso al peatón más delgado.

Los ejemplos de mal gusto y maltrato al ornato público y también a las personas pululan por cualquier rincón de la geografía espirituana, como sucede en una de las esquinas más llamativas de la Avenida de los Mártires, donde existe un local en cuya pared exterior se codean de tú a tú el cartel distintivo de la instalación, la parte trasera de un aire acondicionado de gran tamaño y un split.

Por otra parte, vale la pena cuestionarse: ¿Se puede al libre albedrío reducir el espacio del tránsito peatonal o vehicular con puestos de venta, ya sea de alimentos o de productos del agro, como ocurre en parte de la Carretera de El Jíbaro, en la ciudad cabecera? ¿Se debe permitir el acto de coger ponches y echar aire en medio de las aceras o soldar en una esquina en plena calle? ¿Puede alguien impunemente robarse un espacio peatonal para parquear la mitad del carro, un coche con caballo o una moto en medio de la acera?

Yariel Gallo Bernal, subdelegado del Inotu, asegura que son muchos los organismos implicados y existen, además, los grupos temporales de trabajo de enfrentamiento al delito, hechos de corrupción e indisciplinas sociales integrados por varios organismos.

 “El Inotu es el encargado de ordenar el espacio donde el cuentapropista o cualquier otra persona va ejercer su actividad que debe de ser dentro de su propiedad, siempre que esta cumpla con las regulaciones. No se admiten transformaciones de fachada o portal y ejercer en aceras o en un rincón de la calle; el que incurra en algunas de estos quebrantamientos se multa como lo recoge el Decreto-Ley No. 272. Sin embargo, uno de los mayores problemas es la falta de inspectores para accionar en ese sentido, ya que debe haber un inspector por cada Consejo Popular, y esa cifra está incompleta, a los cuales se suman otros de diferentes sectores como la Dirección de Inspección y Supervisión, Salud, Servicios Comunales y Comercio, entre otros” explica el directivo.

Las autoridades gubernamentales de la provincia destacan, y de igual modo lo ha reafirmado la dirección del país, que, aunque la política de ordenamiento está bien esclarecida desde el punto de vista jurídico, se viola frecuentemente, incluso por las propias autoridades. En ese sentido, toca a los Consejos de la Administración del Poder Popular en cada municipio establecer las prioridades de control de inspecciones a fin de prevenir y eliminar indisciplinas. De igual manera, son los responsables de controlar que la Dirección Integral de Supervisión o de Inspección, según corresponda, de conjunto con las entidades que emiten las autorizaciones y otras que consideren comprueben que el ejercicio de la actividad del trabajo por cuenta propia se ajusta a lo declarado al momento de solicitar la autorización, en los términos y actividades regulados en la legislación específica.

En materia de ordenamiento territorial y urbanístico, y también de orden social, todo está escrito y legislado, pero no bastan decretos y buenas intenciones para poner orden a lo que está fuera de control. Falta efectividad en los grupos de enfrentamiento. Urge, además, completar y aunar las fuerzas de la PNR, inspectores integrales y de otros organismos auditores, fiscales y trabajadores sociales, de modo que sea efectivo el rigor de las acciones de enfrentamiento para quitar de las calles espirituanas parte de lo feo y a la vez reivindicar espacios públicos robados o mal utilizados.