Estados Unidos bate récords, con 474 tiroteos masivos en lo que va de 2023

Pese a las promesas del presidente Joe Biden de solucionar el dramático aumento de la violencia por armas, todas las iniciativas han sido bloqueadas en el Congreso. Según el portal estadístico Gun Violence Archive, una base de datos sin fines de lucro, en 239 días del presente año hubo 28 296 muertes por armas en Estados Unidos, el número más alto en la historia reciente de ese país.

Entre las víctimas de este dramático fenómeno hay 198 menores de 11 años y 2 734 adolescentes de entre 12 y 17 años.

Durante el pasado sábado 26 de agosto se registraron dos nuevos tiroteos masivos en el territorio estadounidense que pasaron a engrosar estas trágicas listas.

Siete personas fueron heridas de bala en un ataque en Boston mientras se celebraba un festival caribeño, y en la ciudad de Jacksonville, Florida, un hombre que portaba armas con simbología nazi mató a tres personas negras.

Fue una matanza “de motivación racial”, ya que el autor, que se suicidó al ser confrontado por elementos policiales, “odiaba a los negros”, dijo el sheriff de la ciudad.

Este episodio de violencia racial se da apenas unos días después de que un jurado estadounidense condenara a muerte al atacante Robert Bowers, responsable de una masacre en una sinagoga en Pittsburgh en octubre del 2018, considerada la agresión más letal contra la comunidad judía en la historia de EE.UU., con 11 víctimas fatales.

En un artículo sobre el imparable aumento de la violencia por armas de fuego, el diario Los Angeles Times aseveró recientemente que “el incesante derramamiento de sangre de este año en Estados Unidos ha dado lugar al más sombrío de los hitos nacionales: el mayor número de asesinatos a mansalva durante seis meses registrado desde al menos 2006”.

Las alarmantes cifras han hecho que los propios funcionarios estadounidenses reconozcan públicamente la gravedad de la situación.

“Estados Unidos ha tenido más tiroteos masivos que días en 2023”, dijo el 21 de abril el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, durante una reunión del Consejo de Relaciones Exteriores, un influyente think tank con sede en Nueva York.

Sin embargo, pese a estas admisiones y las promesas del propio Joe Biden como candidato de que abordar esta problemática sería una de las prioridades en caso de llegar a la Casa Blanca, su Gobierno no ha logrado revertir la tendencia.

Si bien en marzo el mandatario demócrata firmó una (muy limitada) orden ejecutiva para restringir la venta de armas a personas con problemas mentales, antecedentes mentales o de violencia doméstica, los proyectos para condicionar su adquisición libre no han tenido apoyo en el Congreso de EE.UU. debido al rechazo de los miembros de la bancada republicana.

Esos legisladores, al igual que su nutrida base electoral, suelen invocar para defender su posición contraria a la regularización de las armas la Segunda Enmienda de la Constitución norteamericana, que otorga a los ciudadanos el derecho a portar armas.

Cualquier iniciativa para limitar ese derecho sagrado, según esta lógica, es contraria a la prerrogativa inalienable de autodefensa que los padres fundadores establecieron en la carta magna.

Este flujo sin control de armas no solo se limita a EE.UU., sino que se ha desbordado y ya afecta a países vecinos como México y está directamente relacionado con el aumento de la violencia criminal en el país latinoamericano.

El fenómeno está en el centro de la reciente demanda a varios fabricantes de armas estadounidenses, por negligencia y por fomentar el tráfico ilícito, que el Gobierno mexicano interpuso por primera vez en el 2021 en tribunales estadounidenses.

Luego de que un juez de Massachusetts desestimara la acción judicial en 2022, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México anunció en octubre del año pasado que presentaría nuevamente la demanda en un tribunal de Arizona.

“Es evidente que hay tráfico de armas [desde EE.UU.] y se sabe que esas armas van dirigidas a nuestro país”, explicó al hacer el anuncio de la estrategia el entonces canciller mexicano y actual precandidato presidencial Marcelo Ebrard, quien dijo que el Gobierno de México busca no solo que las empresas estadounidenses sean sancionadas, sino traer el tema a la agenda pública para que Washington colabore en detener el flujo de armas, algo que hasta la fecha no ha sucedido.

En declaraciones a la prensa el año pasado, el abogado de la Cancillería mexicana, Celorio Alcántara, calculó que cada año entran a México por lo menos 500 000 armas y que entre el 70 y el 90% provienen de Estados Unidos.