La atención a las comunidades en situación de vulnerabilidad no es de un día, en ello coinciden los vecinos del barrio espirituano de Agramonte, uno de los primeros beneficiados con acciones de rehabilitación en la provincia, que prioriza el rescate de la labor de los trabajadores sociales, la prevención, la atención a casos sociales y a la adolescencia, como parte del plan gubernamental para transformar esos barrios, aunque, con razón, señalan la deuda del arreglo de las calles.
La marcha del programa resulta un propósito que depende del pensamiento y la acción colectivos, expresados en el binomio pueblo-Gobierno para armar en cada sitio un sistema que coadyuve a la solución de las problemáticas que más afectan.
Bajo ese precepto, desde inicios de año en la provincia de Sancti Spíritus se acordó trabajar en 54 de las comunidades en situación de vulnerabilidad identificadas en el territorio, 30 continuidad del 2022 y 24 que se incorporaron en el presente año.
De acuerdo con datos gubernamentales, hasta la fecha se han realizado acciones que llevan recursos en 45 de ellas, donde se han beneficiado unos 36 600 pobladores de los ocho municipios con reparación de consultorios del médico de la familia, bodegas, escuelas, parques, áreas deportivas y mejoramiento del alumbrado público, entre otros beneficios.
Unos 63 400 000 pesos se han asignado este año con esos fines, un presupuesto que si bien no es de largo alcance para inversiones mayores está montado bajo el precepto de hacer coincidir los planes de reparación y mantenimiento con las necesidades reales que hoy tienen esas comunidades, sobre todo en materia de Salud y Educación.
Y, aun cuando no están todas las que son, se han priorizado en cada municipio las más vulnerables, con problemas acumulados que, aunque no se pueden resolver de golpe y porrazo, se tratan de aliviar y, hasta el momento, han sido de impacto en los barrios beneficiados con esas acciones, que llevan beneficios como el ordenamiento urbanístico, la recuperación de drenajes, la restauración de escuelas, bodegas instituciones de salud, las redes hidráulicas y espacios públicos.
Solo que, en ocasiones, amén de los deseos de hacer y la buena voluntad de los decisores, nunca se cierra el ciclo y las obras en torno a los asentamientos la mayoría de las veces quedan inconclusas, específicamente porque casi su totalidad tiene sus principales accesos y los viales muy deteriorados y es sabido lo deprimida que ha estado en los últimos tiempos la producción de asfalto.
“La atención va más allá de lo económico y, a partir de un levantamiento en esas comunidades para identificar cuáles son las familias, los hogares y las personas que presentan situación de vulnerabilidad social, se comenzaron acciones dirigidas a favorecer a 2 307 núcleos con situaciones de personas alcohólicas, desatención familiar, violencia y maltratos, bajo nivel de vida, jóvenes desvinculados del estudio y el trabajo, y deterioro del fondo habitacional, entre otros problemas sociales”, detalló Frank Osbel Cañizares, vicegobernador de la provincia y al frente de ese programa.
Hasta la fecha han sido beneficiadas por la Asistencia Social 1 561 familias con prestaciones monetarias, recursos como camas, colchones, avituallamiento, módulos de cocción, ropa y zapatos, y son objetos de atención 489 madres con más de tres hijos, las que han sido asistidas con entrega de recursos, ofertas de empleo y capacidades en círculos infantiles, algo que si bien forma parte de un programa nacional, en Sancti Spíritus se inscribe en la estrategia gubernamental para la solución de planteamientos.
En medio de una situación económica adversa, el país sigue trabajando en un programa que no tiene esquemas y debe atemperarse a las características de cada lugar, en el que, además del Gobierno y sus estructuras, deben involucrarse los propios vecinos en la transformación de su realidad y su entorno, y debe potenciarse en estos tiempos de carencias para no perder de vista a los adultos mayores que viven solos y a deambulantes, apoyar a los menores de la Tarea Victoria, que tiene que ver con niños, adolescentes y jóvenes menores de 17 años, hijos de personas que cumplen diferentes condenas de privación de libertad, menores víctimas de delitos, conductas agravadas y nocivas, la violencia de género e intrafamiliar.
Para ello también es vital la participación de los trabajadores sociales y las brigadas juveniles de trabajo social, y asimismo se necesita que todos, incluidos los vecinos, le pongan corazón al barrio, y ver, sin miopía, quiénes tienen las mayores necesidades, en aras de apoyar esa asistencia que brinda el Estado a los pobladores más vulnerables y a los que lo son un poco menos, pero que desean que sus problemas tengan una solución estable y poder vivir en un sitio más confortable.
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