La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de Argentina iniciará hoy los análisis y debates para determinar si abre un proceso para apartar de su cargo a los integrantes de la Corte Suprema por mal desempeño.
Presidida por la legisladora del Frente de Todos (FdT) Carolina Gaillard, dicha instancia comenzará a las 11:00, hora local, a cumplir el procedimiento establecido en estos casos, el cual incluye el estudio de los expedientes y la definición del esquema de trabajo.
A inicios de este mes, el presidente Alberto Fernández y 11 gobernadores pidieron analizar al titular de la Corte, Horacio Rosatti, y sus colegas Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti por incumplimiento de sus funciones.
En base a la petición de esas autoridades, los legisladores del FdT elaboraron un documento conformado por 410 páginas, el cual detallan las violaciones cometidas por los integrantes del máximo tribunal y proponen citarlos para que declaren durante la investigación.
Ambos textos aseguran la existencia de “una inadmisible degradación institucional que pone en jaque el sistema republicano de división de poderes”.
Según explican, ello ocurrió principalmente por acciones de la Corte como la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 26 088, la cual estaba vigente desde hace 16 años y establecía el funcionamiento del Consejo de la Magistratura.
También favoreció a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el incremento de los fondos coparticipables y emitió una medida cautelar para obligar al Estado a pagarle a esta capital ese aumento, aun cuando ello no esté contemplado en el Presupuesto aprobado para 2023.
Además, denuncian las negociaciones entre el vocero de Rosatti, Silvio Robles, y el ministro de Justicia y Seguridad capitalino, Marcelo D’Alessandro.
A través de Robles, el presidente de la Corte desarrolló operaciones políticas específicas, ejecutadas a través de fallos arbitrarios, añaden.
Por otra parte, aseguran que Rosatti diseñó una maniobra ilegal, mediante la cual asumió de forma irregular la presidencia de la Corte; tomó por asalto el Consejo de la Magistratura y manipuló la integración del mismo.
Cuando un gobierno, que puede ser de izquierda, de centro o de derecha se atreve a juzgar al Poder Judicial con tan temeria intromsion, la decencia politica se va por el toilet, pero tambien la independencia judicial que no debe responder al gobierno de turno, sino a la elementales normas juridicas y no politicas. ESTA DEMANDA DEL GOBIERNO ARGENTINO ESTA JALEADA POR LA CORRUPTA CONVICTA CRISTINA FERNANDEZ, QUE QUIERE AJUSTAR CUENTAS CON LA JUSTICIA QUE LA CONDENO POR DIVERSOS DELITOS ECONOMICOS.