Multas a precios abusivos, ¿curitas contra la inflación?

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Si en lugar de hacerse de la vista gorda y resolver como sea la población enfrentara a quienes elevan los precios a los productos alimenticios, sobre todo, en momentos de escasez y limitaciones de recursos, quizás los infractores no anduvieran como Pedro por su casa.

Y es que no siempre los que especulan y revenden escuchan el reclamo del aciano o el jubilado que cuenta cada centavo para poder pagar cualquier producto a precios superiores a los aprobados por el Consejo de la Administración y, por ende, estos personajes hacen caso omiso a las quejas, mientras sus bolsillos se llenan con el sudor ajeno.

Ante la creciente oleada de infractores, el cuerpo de inspectores de la Dirección Integral de Supervisión (DIS) en la provincia, con sedes en cada municipio, intensifica acciones para hacer valer lo establecido por el Decreto Ley No. 30, publicado por la Gaceta Oficial de la República de Cuba, en enero del 2021.

Basta un sondeo de opinión ahora mismo en cualquier esquina de Sancti Spíritus para que salga a relucir el reclamo popular: “Hay que acorralar las violaciones de precios, sobre todo las relacionadas con la venta de alimentos del agro, la gastronomía, el comercio y los que se aplican en el sector no estatal”, coinciden los espirituanos.

Para aquilatar en su justa medida por dónde anda el control y sus resultados, hay que conocer que desde enero al cierre de mayo los inspectores de la DIS detectaron más de 1 800 contravenciones, las cuales, tras la aplicación de las correspondientes multas, superan la cuantía de 5 millones de pesos.

A ello se suma lo ocurrido durante la primera semana de junio, período en el que se impusieron 80 multas por alteración de precios, con una cuantía superior a los 263 500 pesos, de acuerdo con reportes oficiales.

Según Rafael Enrique Bernal, director de la DIS en Sancti Spíritus, a partir de mayo se intensificó el número de contravenciones, debido, precisamente, a la falta de determinados productos como las viandas, las hortalizas y los granos, lo cual condiciona el alza de los precios en el mercado informal, aunque la mayoría de los infractores se detectan en establecimientos subordinados a la Gastronomía, el Comercio, el sistema de la Agricultura y otros asociados a la forma de gestión no estatal.

Existen otros ejemplos asociados a la venta de pan, un producto que incrementó desmedidamente los precios en las jornadas anteriores, de 120 pesos a 170 la bolsa, principalmente durante los días en que escaseó el alimento en la red de panaderías donde se elabora el de la canasta familiar. Por suerte, ya el país logró reiniciar la distribución de harina y restablecer la entrega de este surtido.

Sin embargo, para atajar la comercialización a altos precios de productos alimenticios y las amarguras que le genera a esa parte de la población necesitada de adquirirlos, se requeriría de meses y, aun así, ni los 124 inspectores que se subordinan a la DIS en toda la provincia darían abasto, a no ser que el propio cliente se revele, denuncie y deje la mercancía que considere que está siendo vendida a precios abusivos. Pero ello no siempre es posible porque, ¿dónde está el respaldo del producto que sirva de contrapartida a un costo inferior?

Para muchos de los vendedores concurrentes a las ferias dominicales o para aquellos que se encargan de acaparar y luego revender, violar lo que por ley aparece contemplado en la Gaceta Oficial, se ha convertido en una especie de juego entre el gato y el ratón, pues, si los atrapan los inspectores, pagarán la multa que puede ser de hasta 10 000 pesos, pero pocas veces alcanza esa cuantía y por lo general queda en unos 4 000, casi nada comparado con lo que se embolsan diariamente; y si no los detectan, continúan subiéndole el precio a la yuca, al plátano o la malanga, productos que ya están siendo cotizados a precio de diamantes.