Perú: Choques entre policía y manifestantes, muertes y estado de emergencia en siete regiones

Duros enfrentamientos entre manifestantes y policías marcaron durante la tarde y la noche de este jueves las protestas contra el Gobierno de Perú. Miles de personas llegaron a la capital desde el sur durante los últimos días para exigir la dimisión de la presidenta Dina Boluarte, elecciones anticipadas y cambios constitucionales en el país sudamericano.

Según reportes de agencias, la marcha estaba convocada a partir de las cuatro de la tarde hora local de este jueves y comenzó de forma pacífica, aunque terminaron produciéndose enfrentamientos con los agentes de seguridad, que previamente habían blindado las calles.

Miles de personas llegadas de todas partes del país reclamaron por medio de cánticos y consignas la renuncia de la mandataria. Entre los manifestantes abundaban las banderas de Perú y la wiphala, usada por comunidades indígenas.

Con gritos como “afuera presidenta” y “la dictadura va a caer”, transcurría la noche de este jueves la masiva protesta en Lima, adonde han llegado personas provenientes de distintas regiones peruanas en el marco de una gran marcha antigubernamental.

En autobuses y a pie, miles han viajado durante dos días hasta la capital, portando banderas y pancartas que critican al Gobierno y a la Policía por uso excesivo de la fuerza, tras los enfrentamientos fatídicos en ciudades sureñas como Ayacucho y Juliaca.

“Nosotros reclamamos que se vaya este Gobierno de facto. Usurpadora [referido a Boluarte], no queremos que sigan muriendo más de nuestros compatriotas. No estamos en una guerra civil y aún así está asesinando a nuestros hermanos. No queremos una guerra civil”, declaró a la agencia EFE el manifestante Víctor Pérez.

El campesino Samuel Acero, presidente del comité de lucha regional de Cusco, dijo a The Associated Press mientras caminaba por el centro histórico de Lima que el pueblo “ahora sale a las luchas, sale a reclamar los justos derechos”.

El objetivo de los manifestantes era llegar al barrio de Miraflores, uno de los más ricos de la ciudad, pero la policía respondió con el uso de bombas lacrimógenas para dispersar a la multitud.

A la represión, los manifestantes respondieron lanzando piedras y objetos, algo que hizo que se observaran imágenes de batalla campal en el centro de la capital peruana.

Las autoridades han desplegado un significativo dispositivo de seguridad. Solo en Lima el Gobierno ordenó la presencia en las calles de más de 10 000 agentes.

En otras regiones del país, como Cusco y Arequipa, también se registraron manifestaciones y algunos intentos de tomar los aeropuertos locales, según las autoridades.

Hasta ahora, las protestas se habían registrado principalmente en el sur de los Andes, y aunque esta semana hubo algunas en Lima, la de este jueves fue la mayor desde el inicio de las manifestaciones.

Las protestas comenzaron después de que Boluarte, quien era vicepresidenta de Castillo, juró el 7 de diciembre como nueva mandataria, pese a haber prometido exactamente un año antes que si el presidente era cesado ella renunciaría al cargo.

Activistas bautizaron la manifestación del jueves como la “Marcha de los cuatro suyos” en referencia a los cuatro puntos cardinales del imperio inca. Es el mismo nombre que recibió otra movilización masiva en el año 2000, cuando miles de peruanos salieron a las calles para protestar contra el Gobierno autocrático de Alberto Fujimori, quien dimitió meses después.

Algunos grupos, principalmente de campesinos e indígenas, se han alojado en los campus de las universidades de San Marcos e Ingeniería, apoyados por los estudiantes para participar en las movilizaciones.

Ante la escalada, la presidenta Boluarte dio un mensaje televisivo a la nación en el que acusó a los manifestantes de ser “violentos”, “quebrar el Estado de derecho” y generar “caos y desorden” para “tomar el poder de la nación”, señalando que “en sus protestas no hay ninguna agenda social que el país necesita”.

Los manifestantes rechazan la propuesta del Congreso de convocar a elecciones generales para abril de 2024 y exigen que el cambio de Administración sea completo e inmediato. Por ende, piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, quien se desempeñó como vicepresidenta de Castillo y asumió el liderazgo del Ejecutivo y el Cierre del Legislativo.

Según el calendario oficial, el proceso estaba pautado para 2026, cuando concluía el periodo para el que fue elegido el derrocado mandatario, quien permanece en prisión preventiva.

El miércoles, el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Gerónimo López, aseguró que si no se cumplen estas demandas no habrá “ni democracia ni paz” en el país.

Si Boluarte renuncia, al no tener nadie ocupando la vicepresidencia, el mando del país pasaría al presidente del Congreso, el conservador José Williams Zapata. Es en parte por eso que los manifestantes piden un cambio total de los poderes en Perú.

Sin embargo, la presidenta, que sucedió al izquierdista Pedro Castillo, mantiene que su intención es quedarse en el cargo.

La Defensoría del Pueblo informó este mismo jueves que un hombre falleció en enfrentamientos con la policía en la región de Arequipa, en el sur del país, con lo cual el número de muertos durante las protestas se elevó a 55.

Más temprano, un herido grave en otra protesta del miércoles en la ciudad sureña de Macusani, en la región Puno, falleció. El organismo señaló en su cuenta de Twitter que durante el choque 10 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros de salud.

Ante las protestas y cortes vividos en todo el país, especialmente en la región sur, el Gobierno anunció la declaración del estado de emergencia en otras tres regiones, con lo que el total llegó a siete. Los últimos tres territorios afectados por la norma son los de Amazonas, La Libertad y Tacna.

Antes, el Ejecutivo había renovado los 30 días de vigencia de la emergencia en Puno, Cuzco, Lima y Callao.

El estado de emergencia consiste en la autorización a las fuerzas armadas de velar por la tranquilidad ciudadana junto con la policía nacional. También quedan suspendidos los derechos constitucionales como la libertad de tránsito y la inviolabilidad de la vivienda.

El miércoles 18 de enero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la violencia de las fuerzas de seguridad y también los destrozos a bienes públicos causados por los manifestantes.

Este jueves, las autoridades cerraron el aeropuerto de Arequipa, en el sur de Perú, como medida de seguridad luego de que se registraran enfrentamientos entre policías, que utilizaron gases lacrimógenos, y manifestantes, algunos de los cuales lanzaron piedras.

Entretanto, El Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que “como medida de prevención” suspende temporalmente las operaciones del Aeropuerto Internacional Velasco Astete, de la turística ciudad de Cusco.

La prensa peruana reporta que las restricciones al transporte aéreo dejan cerca de 150 000 pasajeros afectados y se prevé que sus afectaciones sigan presentándose hasta julio.

Según un análisis de AP, las protestas han crecido al punto de que es poco probable que los manifestantes se conformen con la dimisión de Boluarte. Ahora también exigen una reforma estructural ante la elevada crisis de confianza de la élite gobernante.