Perú: Pedro Castillo insiste en declararse preso político

El expresidente Pedro Castillo volvió a declararse este martes preso político, por considerar que se ha violado su derecho constitucional a un antejuicio, antes de ser destituido por un Parlamento políticamente adverso y después encarcelado.

En una audiencia sobre su apelación del proceso en su contra, por el posible delito de rebelión y de intentar sin éxito disolver el Congreso, el 7 de diciembre de 2022, pidió también la intervención de organismos internacionales de derechos humanos en su caso.

“Yo estaré siempre, como hoy, aquí, dando la cara porque creo importante decirle a esta sala que soy un prisionero político porque en el fondo de este episodio hay un interés político”, dijo.

Añadió que no quisiera pensar que las autoridades peruanas no podrían darle la razón porque “sería reconocer que la fiscalía, el Congreso, la Policia Nacional y el resto de las autoridades se han equivocado”.

Castillo añadió que en su caso se está generando inseguridad jurídica, no solo en Perú, sino también a nivel internacional, pues en adelante “cualquier presidente en funciones puede ser detenido sin pasar antes por un juicio político”.

“Pido la intervención de organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas ya que en el Perú ni mi pueblo ni yo encontramos justicia”, aseveró.

Negó nuevamente que intentara fugarse del país tras no lograr la disolución del Congreso, pues fue detenido cuando se dirigía con su familia a la Embajada de México.

“No me estaba fugando, estaba llevando a mi familia a protegerla del horrible hostigamiento permanente” que sufrían su esposa e hijos, según afirmó.

El gobierno de México otorgó asilo a su esposa y dos hijos menores, quienes viajaron a ese país dos semanas después de su destitución y apresamiento.

Congreso aliado de presidenta de Perú rechaza debatir su destitución

El Parlamento peruano se negó este martes a debatir una moción de vacancia (destitución) de la presidenta Dina Boluarte, presentada por las bancadas progresistas, que argumentan su responsabilidad en las muertes durante las protestas en su contra.

Como estaba previsto por las posiciones manifestadas por las bancadas, el pleno congresal rechazó la admisión a debate, al no alcanzar la propuesta los 52 votos necesarios para el efecto.

La moción, referida a las muertes de la primera ola de protestas de diciembre de 2022, contó 37 votos a favor y fue rechazada por 64, en tanto que 10 congresistas se abstuvieron.

Añadió que el gobierno descartó el diálogo frente a las protestas iniciadas tras la destitución y prisión del presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022 y prefirió dar una violenta respuesta, siendo responsables de ello, dijo, Boluarte, como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía, y el primer ministro, Alberto Otárola.

El vocero de la bancada de Perú Libre, dijo que las protestas surgen por lo que llamó traición de la presidenta, quien había dicho que renunciaría si Castillo fuera cesado.

El legislador de la región surandina de Puno, bastión de las protestas, dijo que ese territorio está reiniciando una huelga general y no dejará de luchar hasta que Boluarte renuncie.

El legislador de derecha extrema Alejandro Cavero, dijo que la decisión sobre la vacancia depende del contexto y la situación política son muy importantes y en este caso “el país pide estabilidad”, por lo que rechazó el debate sobra la moción.

Igual posición planteó el congresista de similar tendencia Jorge Montoya, quien además alegó que, no hay condiciones para nuevas elecciones (las que se tendrían que convocar si Boluarte fuera vacada).

Alegó que “no se ha terminado con la violencia en el sur, y aun no hay forma de saber qué resultados tendría un proceso electoral, pues seguramente habría manifestaciones muy violentas”.

El centroderechista Carlos Anderson señaló que la presidenta tiene responsabilidad por su mal manejo de la crisis social y política y por su lejanía, desdén y nula empatía ante las muertes durante la protesta, pero negó su apoyo al debate sobre la moción de vacancia.

La progresista Sigrid Bazán, a su vez, afirmó que el gobierno se sostiene en la corrupción y la mentira y refirió que la policía y los militares actuaban en forma impecable, pese a que los uniformados disparaban a matar en territorios surandinos.

Bazán citó una encuesta privada según la cual, el 83 por ciento de la población está a favor de elecciones anticipadas y de que Boluarte renuncie si no se convocan los nuevos comicios.

La también progresista Ruth Luque aseveró que Boluarte es responsable de las muertes porque es deber de la autoridad política velar por la vida de los peruanos.