Escambray Periódico de Sancti Spíritus
El pronunciamiento de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre el juicio político contra el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, causó indignación este lunes en esa nación sudamericana.
¡Qué barbaridad! La desprestigiada OEA de (Luis) Almagro, promotora del golpe de estado en Bolivia y cómplice de violaciones de derechos humanos en Perú, pretende intervenir en un proceso legítimo y soberano regulado por la Constitución, expresó el exvicecanciller ecuatoriano Fernando Yepez Lasso.
Más temprano, este lunes, la secretaría de la OEA emitió un comunicado donde pide “todas las garantías” en el juicio político contra Lasso, que iniciará este martes en la Asamblea Nacional (parlamento).
La entidad señaló que en el proceso debe regir “el respeto de los mandatos constitucionales” y abogó por el cumplimiento de los términos y plazos presidenciales sin presiones ni amenazas.
La asambleísta Esther Cuesta, de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), criticó a la OEA por “dar clases de ética” y le recomendó “revisar sus propias acciones contra las democracias de la región”.
Acá en Ecuador, aplicaremos la Constitución y no necesitamos malos consejos, aseveró la legisladora.
El también parlamentario de la RC Ricardo Ulcuango rechazó en sus redes sociales el mensaje de la OEA, que calificó como un acto intervencionista de la mano del “nefasto Almagro” y “al más puro estilo de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador”.
Lasso comparecerá este martes ante el legislativo para defenderse de las acusaciones de peculado basadas en las presuntas irregularidades en un contrato entre la estatal Flota Petrolera Ecuatoriana y empresa Amazonas Tanker.
Según la oposición, el mandatario sabía de los problemas y no hizo nada para evitar los perjuicios para el Estado provocados por ese convenio, firmado en 2018, pero prorrogado en 2022, es decir, durante su mandato.
El martes pasado, 88 legisladores votaron a favor de realizar el juicio político, sólo cuatro votos menos de los 92 necesarios para sacar del poder al jefe del Ejecutivo.
En caso de llegar a la cantidad suficiente para censurarlo, deberá asumir el vicepresidente, Alfredo Borrero, por el tiempo restante del actual periodo, o sea, hasta 2025.
Mientras el Gobierno asegura que el mandatario es inocente, el enjuiciamiento tiene lugar en medio de un contexto de rechazo popular a Lasso, con más del 80 por ciento de desaprobación a su gestión, según las encuestas.
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Escambray / ISSN 9664-1277
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