El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, afirmó que dieron este jueves un paso más en la dirección correcta para hacer respetar las decisiones de las instituciones, del Estado de derecho y la Constitución.
En su cuenta X, antes Twitter, el también jefe de la delegación oficial a las conversaciones con el sector opositor de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), aseguró que siguen avanzando, “dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada”.
Rodríguez apuntó que ratificaron lo acordado en el acuerdo firmado el 17 de octubre en Barbados.
Citó en su mensaje un post de la cuenta oficial de la embajada de Noruega en México en el cual “confirma recepción” del procedimiento a seguir, conforme al acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos.
Hoy hemos dado un paso más en la dirección correcta, ratificando lo acordado en Barbados, para hacer respetar las decisiones de las instituciones, del Estado de derecho y la Constitución en Venezuela. Seguimos avanzando. Dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución… https://t.co/PjcC7e9tis
— Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) December 1, 2023
El texto recordó que el Gobierno venezolano y la PUD acordaron promover la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos, “siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial” consistentes con los procedimientos establecidos en la ley venezolana.
De igual manera, conforme a los principios de “celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución”.
Para dar cumplimiento al acuerdo, las partes convinieron un procedimiento para revisar las medidas de inhabilitación dictadas por la Contraloría a “diversas personas que aspiran postularse como candidatos” en las elecciones presidenciales del segundo semestre del 2024.
Manifestó que los interesados deberán acudir personalmente ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para ejercer el “recurso contencioso administrativo” que corresponda contra la medida de inhabilitación dictada por la Contraloría.
Lo anterior debe estar acompañado de una solicitud de “amparo cautelar” y en el periodo establecido, que va desde el 1 de diciembre y hasta el 15 del propio mes, fijado en días continuos y sucesivos, apuntó.
El texto estableció, además, que la Sala Político Administrativa del TSJ se pronunciará sobre la “admisión de la demanda y el amparo cautelar solicitado”, conforme a los principios de “celeridad, eficiencia y eficacia” recogidos en la Constitución.
Recomendó asimismo que en la demanda y en declaraciones públicas los interesados se “abstendrán de incorporar conceptos ofensivos o irrespetuosos” contra las instituciones del Estado, en cumplimiento de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
La embajada de Noruega en México ratificó que este documento complementa y “desarrolla las condiciones electorales convenidas” en el acuerdo firmado por las partes en Barbados.
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