Yogur de soya: plato fuerte de una malversación (+fotos y video)

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Finca Jobo Dulce, Camino de Santa Cruz. En la cochiquera, la puerca de 335 libras dormía a patas sueltas. Era la reina de la manada; por el peso, no porque gozara de privilegio alguno. Como el resto de las cerdas, cochinatos y lechones, esta zangandonga reproductora calificaría como una puerca vip.

El plato fuerte de la casi veintena de animales era un manjar: yogur de soya; sí, usted leyó bien: yogur de soya, almacenado en 24 tanques por el entonces director de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Aseguramiento y Servicios, perteneciente a la Empresa de Productos Lácteos Río Zaza. Ello no solo ocurría en ese sitio de las afueras de la ciudad, como lo demostró el Ministerio Fiscal en la causa 35 del 2022, de la Sección de lo Penal del Tribunal Municipal Popular (TMP) de Sancti Spíritus.

Este proceso judicial —seguido por los delitos de falsificación de documentos privados de carácter continuado como medio para cometer malversación; incumplimiento del deber de preservar los bienes de entidades económicas, y apropiación indebida— comprendió a ocho acusados: siete de ellos laboraban en la empresa láctea y un octavo no vinculado a esta; no juzgado por haber abandonado el país, y en caso de regresar, será procesado penalmente.

HECHOS QUE HABLAN

21 de agosto del 2020. Mientras aquella puerca disfrutaba del hartazgo de yogur en la cochiquera de la finca Jobo Dulce, fuerzas policiales del Ministerio del Interior (Minint), al aparecerse de repente in situ, talaban de cuajo una confabulación delictiva, extendida desde inicios de enero de ese año hasta finales de agosto.

Pieza clave de la trama lo constituyó el director de la UEB Aseguramiento y Servicios, quien ideó cómo adjudicarse miles de litros de yogur en beneficio propio y de terceras personas, con destino al consumo animal. El funcionario se aprovechó de una resolución emitida por el director general de la empresa en el momento de los hechos —respondía a lo regulado en el convenio colectivo de trabajo— y la resolución autorizaba la venta de hasta nueve bolsas de yogurt de soya por trabajador —cada unidad a razón de 1 peso— en fechas como el Primero de Enero y el 26 de Julio, y excepcionalmente a embarazadas y jubilados.

A la sombra de esa decisión empresarial, obró el directivo de la UEB Aseguramiento y Servicios. Sin ser el máximo administrativo de la UEB Productos Lácteos, más conocida como Pasteurizadora, indicó realizar transferencias de yogur desde la nevera hasta el comedor obrero de esta última entidad. Solo en papeles figuraban los traslados. La falsificación de documentos se reprodujo como el jacinto de agua, que convirtió el río Yayabo en una lengüeta verde hace más de un año.

Con miras a ejecutar el acto corrupto, el directivo necesitó de un dependiente del almacén de productos terminados y de la jefa de brigada del comedor, ambos de la Pasteurizadora, así como del técnico en comercialización de actividades productivas y de servicios en la UEB Aseguramiento y Servicios. Para desenmascarar la urdimbre era necesario lucir el olfato del tiburón blanco, y los inspectores de la Dirección Estatal de Comercio de Sancti Spíritus (DECSS) lo tenían.

Durante la acción de control, detectaron el primer hallazgo en la transferencia del 6 de enero, a cargo del referido dependiente, quien elaboró y firmó el documento. Las 4 856 bolsas de yogur salidas de la nevera ni por asomo entraron al comedor, cuya administradora estampó su rúbrica en “Recibido por”.

En el papel, esa unidad gastronómica de la Pasteurizadora vendió todo el producto a un grupo de trabajadores. Para burlar los controles, el 7 de enero la administradora confeccionó la lista de los supuestos beneficiados; relación de nombres firmada, además, por el director de la UEB Pasteurizadora, ajeno al engaño.

A la postre, el ardid quedaba encubierto: el efectivo del expendio ficticio, ascendente a 4 856 pesos, fue depositado en la caja del comedor. Hasta hoy, se desconoce el destino final del yogur desviado, como otras veces en lo adelante. De espaldas a la sigilosa operación permanecía el Departamento de Distribución y Ventas de la empresa, encargado de autorizar y procesar esas transferencias.

El proceder fraudulento volvió a repetirse el 8 de enero, con una particularidad: hubo dos transferencias, incluida una al comedor de la UEB Aseguramiento y Servicios, firmada por el jefe brigada de este, no encausado penalmente.

La trama llegó el día 14 al comedor de la UEB Transporte, de la entidad láctea. Con su puño y letra, el mismo dependiente certificó la transferencia; otro ciudadano firmó en “Recibido”. Y las bolsas de yogur brillaban por su ausencia. Así acaeció en diversas oportunidades, tal como consta en el informe del Departamento de Inspección de la DECSS.

En las semanas y meses siguientes, llovieron a mares las transferencias ficticias desde la nevera de la Pasteurizadora a los comedores; más trabajadores de la entidad aparecieron en la casilla “Despachado por”. Incluso, el 11 de febrero una persona plasmó su nombre, no identificada con posterioridad ni incluida en las plantillas de la empresa láctea. En fin, llovía a cántaros el descontrol económico y administrativo.

DELITOS EN CONTEXTO

Al parecer, la cría de puercos, en la finca Jobo Dulce, del director en ese tiempo de la UEB Aseguramiento y Servicios, se dio tremendo atracón el 21 de febrero. Ese día le indicó al jefe de nevera de la Pasteurizadora efectuar una transferencia hasta el comedor de la unidad empresarial del imputado. El mismo directivo rubricó el documento, donde podía leerse: 2 399 bolsas de yogur de soya. Como siempre, la administradora del comedor de la Pasteurizadora inventó la lista por la “venta” a los trabajadores. El negocio marchaba con el viento a favor. A favor del descontrol.

En marzo, la malversación tomó más oxígeno; el día 7, mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) informaba que el planeta superaba ya los 100 000 casos confirmados de covid, el dependiente de almacén implicado despachó otra cantidad del producto hacia el comedor de la UEB Transporte, según documento, firmado en “Recibido” por el director de la UEB Aseguramiento y Servicios, no facultado para hacerlo en dicha entidad. “Eso constituye evidencia de la falta de control interno existente en la empresa”, acotó el fiscal Pedro Espinosa Curbelo, del Departamento de Procesos Penales, de la Fiscalía Provincial.

Cuando el 11 de marzo el Ministerio de Salud Pública de Cuba notificaba el diagnóstico en la isla caribeña de los primeros confirmados de covid, se repitió la historia del traslado ficticio para el comedor de la UEB Transporte. Hoy tampoco se sabe el rumbo que cogió el producto desviado. Quizás, jamás se conozca. Sin embargo, sí es una verdad que, desde enero, el Gobierno cubano disponía del plan de prevención y control de la enfermedad, declarada como pandemia ese día 11 por la OMS.

¿TODO CUADRABA?

Apenas medió papel carbón entre los hechos descritos y los sucesivos. El día primero de abril, otro lote de yogur salió de la nevera con destino al comedor de la UEB Aseguramiento y Servicios; transferencia firmada en “Recibido” por el técnico en comercialización de actividades productivas y de servicios en esta última entidad, encausado por el TMP.

En esa ocasión, como en tantas precedentes, el yogur viajó al comedor solo en la imaginación. Así aconteció el 3 y el 15 de julio, cuando dicho acusado volvió a firmar como recibido el producto, con destino indefinido, contrario a lo sucedido el 4 de agosto. Ese día no se pudo realizar la distribución de 4 290 litros del alimento en los municipios de Cabaiguán y Sancti Spíritus.

De vuelta el chofer, el referido técnico —responsabilizado con el suministro y distribución a los comedores de la empresa— contactó con un criador de puercos, quien aceptó la compra de 800 litros.

Y luego de enajenar 3 490 litros en la base de transporte, el acusado partió, de conjunto con el chofer y el camión-cisterna, hacia una cochiquera de Las Minas, para dejar la cantidad pactada. El criador abonó 800 pesos, o sea, 1 peso por litro. Todo cuadraba; al menos por ahora.

DESVÍOS ADMINISTRATIVOS

5 de agosto. Otro carro retornó a la entidad; sobre su espinazo de hierro, 2 380 litros de yogur, sin poder distribuirse esa jornada.

—Testigo, usted elaboró y firmó la transferencia, fechada ese día, hacia el comedor de la UEB Aseguramiento y Servicios. ¿Quién le indicó hacerlo?, indagó el fiscal durante el juicio oral.

—El director de mi UEB, respondió el jefe de la nevera.

Se refería al máximo administrativo de la Pasteurizadora, quien desempeñaba tal función desde el 12 de junio, también juzgado. De modo unilateral, decidió que el conductor del vehículo se quedara con la totalidad del producto lácteo, pagado por el chofer. Esa vez, la administradora del comedor de la Pasteurizadora firmó la transferencia en “Recibido” y, como era habitual, hizo la lista de los trabajadores “beneficiados” con el expendio —rubricada, además, por el director de su UEB— por si algún día los inspectores y auditores tocaban la puerta.

Cinco días después, el 10 de agosto, cuando otro chofer estaba casi al partir con 5 000 litros, recién cargados, rumbo a las unidades de Comercio, recibió una contraorden vía telefónica.

—Testigo, ¿quién lo llamó a usted?

—El director de la Pasteurizadora.

Ahora, el destino sería la cochiquera de Jobo Dulce, donde descargó 4 400 litros; los 600 restantes, el conductor los dejó en una casa en el Camino de La Habana. De por medio, 4 400 + 600 pesos = 5 000 pesos. Más documentación falsa. La fraudulenta operación les cuadraba hasta a los puercos.

ALERTA DESOÍDA

—Cuando vi que las ventas en el comedor estaban elevadas, se lo dije al director de la empresa.

Silencio en la sala donde sesiona la vista oral de la causa penal. Asiste como testigo el jefe del área de Distribución y Ventas de la empresa, encargada de buscarles destino a las producciones.

—¿Alguna vez su departamento fue consultado por los acusados para destinar ciertas cantidades de yogur al consumo animal?

—Nunca.

Leve murmullo en la sala del tribunal. Pese a la alerta al director general de la empresa acerca del alza exponencial de las ventas en el comedor de la Pasteurizadora, este no orientó ninguna acción de control hasta agosto. Sí hubo acuerdos adoptados, documentos actualizados. En la práctica, letra muerta, acotarían los jueces.  

Ahora, comparece el director de Procesos Productivos de la entidad. Entre otras cuestiones, alude a un viaje realizado a Yaguajay. Iban en el carro, además, el director general de la empresa y el de la UEB Aseguramiento y Servicios.

Durante el trayecto, el director de la Pasteurizadora se comunicó por teléfono. El testigo cogió la llamada, que era para el administrativo de Aseguramiento y Servicios. Había yogur en mal estado; colegian entre ellos. Se quedaría con parte del producto. El hecho se tornó relevante para el ministerio público: el director general de la entidad no estaba ajeno a que este subordinado suyo adquiría grandes cantidades del alimento.

A bordo del carro viajaba la maquinación. Mientras tanto, en los laboratorios, los científicos cubanos no sacaban los ojos de los microscopios y de otros aparatos para crear una vacuna anticovid.

OTRAS HISTORIAS, LA MISMA CAUSA PENAL

El yogur de soya no era el único producto codiciado en la Pasteurizadora. El 9 de agosto del 2020, el imputado que luego abandonó el país contactó con un jefe de brigada de la entidad, pues necesitaba que le vendiera una bobina de nailon para retractilar. El pacto: 1 000 pesos.

—Te la llevo a la casa.

En la noche de ese propio día, valiéndose de su ocupación, tomó una bobina, que colocó en el interior de una cubeta y esta, a su vez, dentro de un saco de nailon. Y la trasladó hasta la misma cocina de la casa del implicado. Con los 1 000 pesos en el bolsillo, el jefe de brigada dio la media vuelta y se fue.

Por otro lado, al día siguiente, con el ánimo de acrecentar su peculio, el director de la UEB Pasteurizadora le propuso al imputado, no juzgado por residir en el exterior, la venta de leche en polvo, cuando este último visitó su vivienda. Por ello, el directivo acudió al almacén de su entidad; en sus manos, una solicitud, confeccionada de su puño y letra, para extraer 50 kilogramos de leche en polvo descremada. Hacía falta —según él— en la fabricación de cultivo, a escala de laboratorio, para las producciones de yogur de soya y queso crema.

Y en el motor Júpiter, el director de la UEB dejó las 110 libras de leche en polvo en el garaje del comprador. De una mano a otra, 3 600 pesos. Trato consumado. Así lo reconoció el máximo administrativo de la Pasteurizadora frente a los jueces.

SENTENCIA EN FIRME

Antes de dictar sentencia, los letrados del TMP hicieron una valoración racional y lógica de las pruebas practicadas en el acto del juicio oral y las obtenidas del expediente investigativo y, por consiguiente, individualizaron la implicación de cada juzgado; todo ello a partir del Código Penal vigente en ese momento (derogado).

En específico, el tribunal sancionó al entonces director de la UEB Aseguramiento y Servicios a seis años de privación temporal de libertad, como autor de un delito de falsificación de documentos privados de carácter continuado como medio a fin para cometer malversación. A esta pena, se adicionó la confiscación de 19 cerdos, puestos a disposición de una entidad porcina.

A cinco años de prisión, el órgano judicial condenó a la jefa de brigada del comedor de la UEB Pasteurizadora, por ser cooperadora de un delito de falsificación de documentos privados de carácter continuado, como medio a fin para cometer complicidad de una malversación.

El dependiente del almacén de la Pasteurizadora, quien realizó 178 transferencias, cumplirá una pena ascendente a cuatro años y seis meses de privación temporal de libertad, como autor de un delito de falsificación de documentos privados de carácter continuado, como medio a fin para cometer complicidad de un delito de malversación.

Por el delito de falsificación de documentos privados de carácter continuado como medio a fin para cometer malversación, el TMP le impuso cuatro años de cárcel al director de la UEB Pasteurizadora; y tres años y seis meses de prisión al técnico en comercialización de actividades productivas y de servicios en la UEB Aseguramiento y Servicios.

El órgano de justicia sancionó al director general de la Empresa de Productos Lácteos Río Zaza, como autor de un delito de incumplimiento del deber de preservar bienes en entidades económicas, a ocho meses de prisión, subsidiados por igual término de trabajo correccional con internamiento.

En tanto, el jefe de brigada de la Pasteurizadora implicado recibió la condena, por un delito de apropiación indebida, de 10 meses de privación temporal de libertad, subsidiados por igual término de trabajo correccional sin internamiento.

Al amparo de los derechos que les asisten, cinco de los siete sancionados interpusieron recursos de apelación ante el TMP de Sancti Spíritus. Por esta razón, el pasado 21 de noviembre sesionó la vista oral y pública, y la Sala Primera de lo Penal, del Tribunal Provincial Popular los declaró sin lugar, o sea, confirmó las penas impuestas; por tanto, ya es firme la sentencia, acotó Espinosa Curbelo.

¿QUIÉN LE TRABÓ EL PARAGUAS AL DELITO?

Al recapitular las condenas, pudiera sobrevenir una interrogante: ¿por qué si la empresa láctea no registró afectación económica en el área contable, los procesados resultaron penados? “No necesariamente tiene que existir una afectación económica para que el tribunal dicte una sentencia condenatoria contra los acusados”, aclaró el fiscal Espinosa Curbelo.

En términos matemáticos, las transferencias, efectuadas de la nevera de la Pasteurizadora a los comedores, sumaron 91 791 litros de yogur e importaron 14 686.56 pesos, valorados a precio de costo en 0.16 peso cada litro. El producto, que nunca llegó a esas unidades para la venta a los trabajadores, los involucrados —incluidos en el proceso penal o no— lo pagaron a razón de 1 peso por litro. Habitualmente, la entidad expendía el litro a 0.54 a Comercio; o sea, que el dinero en efectivo depositado por los implicados rebasó lo que hubiese desembolsado este último sector.

Sin embargo, a la hora cero la Justicia debe distanciarse, en ocasiones, de las matemáticas. Nadie en su sano juicio podría justificar el desvío de 91 791 litros de yogur de soya para el consumo animal, que, por cierto, estaban en buen estado —como hizo notar la Fiscalía—; corroborado, por ejemplo, mediante los peritajes químico-criminalísticos, efectuados al yogur ocupado en la cochiquera del director de la UEB Aseguramiento y Servicios.

Tampoco, en ninguno de los análisis debe soslayarse que la provincia dejó de recaudar 275 373.00 pesos por concepto de circulación mercantil, si se tiene en cuenta que los establecimientos de Comercio vendían el litro a 3 pesos.

No obstante, sin la menor pizca de duda, lo más notorio del actuar corrupto de los sancionados resulta su lesividad social, como alegan los jueces; el yogur estaba destinado a ser comercializado al pueblo, que vivía por esta fecha la incertidumbre del contagio por el SARS-CoV-2. ¿Tendrían a mano un vaso de yogur todos los ingresados en las instituciones sanitarias y en los centros de aislamiento? ¿Qué opinaría al respecto el personal de Salud Pública que arriesgaba su vida en esos lugares?

En el período pandémico, las autoridades cubanas revisaban, minuto a minuto, los gastos e ingresos en divisas del país. La compra de medios para enfrentar la covid constituía prioridad, como también la adquisición de los productos de la canasta familiar normada y determinadas materias primas, entre estas la soya, cotizada a alrededor de 310 dólares la tonelada en mayo del 2020.

Precisamente, a partir de ese mes el Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria (GEIA) orientó elevar las producciones, incluida la de yogur de soya; de ahí, el ascenso reportado en la Pasteurizadora, alza aprovechada por los inculpados para delinquir.

Que haya sido aprovechada por los juzgados no se traduce que sea la causa principal de su obrar corrupto, como arguyen algunos de los entrevistados por Escambray; y la evidencia se encuentra en que la cadena de hechos inició en enero, no en mayo.

Con trazos seguros, el equipo de la DECSS a cargo de la acción de control en la entidad láctea precisó las razones que les desbrozaron el camino a los procesados: la falta de supervisión y fiscalización a las actividades asignadas a los cuadros y funcionarios por la máxima dirección del GEIA y la empresa espirituana, la pérdida de valores éticos y la inobservancia de los procedimientos y regulaciones, entre estas la Ley No. 107 y la Resolución No. 60, ambas de la Contraloría General de la República, ejemplifica Kenia Rosa Jiménez González, especialista de Ventas Minoristas en la DECSS.

Todas esas causas las sintetiza Ronney Pérez Luna, inspector de la DECSS, en tres palabras: descontrol administrativo total.

—¿Podría ilustrarlo?

—Cualquiera hacía las transferencias del yogur de la nevera a los comedores (hasta choferes). En papel estaba que ahí se lo vendían a los trabajadores; pero allí el producto no se veía. Si el comedor les hubiera trabado el paraguas, ellos no hubieran podido operar.

Hubo que esperar, entonces, por la actuación de las fuerzas del Minint para meter en cintura el descontrol; aupado, también, por el deficiente seguimiento a la fabricación de este producto por las áreas productiva y comercial, el Grupo de Control Interno y el de Auditoría, incompleto en este último caso.

—¿Se les estaba regalando el salario a quienes debían ejercer el control interno y a los auditores?

—No estaban funcionando; prácticamente, se puede decir que se les estaba regalando el dinero. Al final, hubo que liberar al de Control Interno y separar a la auditora, señala Alberto Cañizares Rodríguez, director general de la empresa desde mayo del 2022.

Para voltear la página a tanto desparpajo —otro término sería un eufemismo—, entre otras acciones la entidad decidió fortalecer los Departamentos Comercial, Económico y de Control Interno; inspeccionar más las áreas de ventas; retomar los consejos productivos con la presencia de los directivos de Producción, Comercial y Aseguramiento; conciliar más con la Oficoda (Oficina de Registro de Consumidores) y contratar los servicios de la Canec (Consultoría Económica CANEC S. A.), enumera Cañizares.

—Director, ¿la Pasteurizadora está blindada contra otros hechos similares?

—Hoy no podemos decir eso. Esa UEB hace el 90 por ciento de las producciones de la empresa, y en dos años han pasado por allí más de 10 directores; unos oficiales, otros provisionales.

En esa propia UEB, el año anterior sucedió otro hecho y en el actual, tres más, de mucha menor envergadura; sin embargo, confirmatorios de que los demonios del delito continúan rondando la Pasteurizadora, donde, vale resaltar, sí labora gente noble y de vergüenza, como en el resto de la empresa.

Más que una mancha en la historia de la entidad, el desvío de yogur de soya para el consumo de puercos constituyó un desprestigio social de la empresa, cuyos protagonistas fueron varios de sus directivos. Un bochorno. Así ocurrió el 28 de julio del 2020, cuando salieron 2 726 bolsas de yogur de la Pasteurizadora para ser el plato fuerte de cerdos. En contraste, ese día, directivos del Instituto Finlay de Vacunas no dudaban en poner su hombro para iniciar las pruebas en humanos del candidato vacunal Soberana. ¡Vaya paradoja!