La empinada e interminable cuesta de los precios

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El tema de los precios no deja de levantar la oreja ni un solo día durante los últimos años en Cuba, donde la mayoría de las familias se ve obligada a sacar cuentas desesperadas con sus finanzas todo el tiempo para poder llegar a fin de mes, al menos, con un modesto plato de comida en la mesa, aunque los zapatos sigan desgastados y la ropa interior zurcida, en espera de su relevo.

Ante una opinión pública que no deja, con razón, de cuestionar esta dura realidad, a inicios de julio pasado el gobierno cubano puso en vigor la Resolución 225 del 2024, que estableció tarifas minoristas máximas para seis productos de alta demanda, casi todos alimentos: pollo, aceite, pastas alimenticias, salchichas y leche en polvo.

Entonces, no pocas opiniones cuestionaron la elevada cuantía de esos precios, la posibilidad de que los comerciantes particulares se escabulleran e hicieran caso omiso a la ley o, en el peor de los casos, que esos productos se desaparecieran del mercado, en una especie de juego al gato y al ratón ya bien conocido por los cubanos cuando algún importe se topa oficialmente.

Pero, ¿qué ha sucedido hasta a la fecha? Pues de todo un poco: aunque la formación de estos precios resultó bien favorable para los actores no estatales —al reconocer en la importación de esos productos la tasa de cambio del mercado informal, liberarlos del impuesto de aduana y reconocerles un privilegiado margen de ganancias de un 30 por ciento—, a algunos sus ya suculentas ganancias aún les parecen pocas.

Como consecuencia, la presencia del pollo —cuyo precio subió ligeramente—, se ha inestabilizado en la mayoría de los puntos de venta y a veces hasta se pierde de las ferias de domingo, adonde la mayoría de las familias acuden con el propósito de intentar conseguir tarifas algo más razonables para sus compras de la semana.

Además, en algunos lugares no respetan esa cota máxima establecida y, ante la escasez, las personas desesperadas pagan los paquetes de pollo bastante más caros.

Por suerte, con los otros surtidos se ha respetado más la letra y el espíritu de esta disposición legal e incluso algunos se encuentran menos caros, como el aceite y la salchicha, porque el imperio de la ley de la oferta y la demanda se mantiene con la última palabra en el mercado.

Controlar los precios resulta una política fundamental del país en la actualidad y en ese sentido desde el inicio de esta ofensiva se insistió en que su éxito mucho dependería del desempeño de los cuerpos de inspección, con un enfrentamiento sistemático y preciso. 

La Dirección de Inspección en la provincia admitió que no se encuentra aún satisfecha y resulta insuficiente su labor, en particular para hacer cumplir el Decreto 30 del año 2021, relacionado con las tarifas abusivas y especulativas, en este caso en función de esos seis productos con una regulación temporal de precios.

Aunque tanto sus inspecciones, como las multas y sus importes han crecido sustancialmente en lo que va de año, el enfrentamiento con el Decreto 30 en mano no alcanza la mitad de las acciones desarrolladas y las multas por este concepto apenas superan el 20 por ciento del total de las impuestas en el territorio. 

Pero no solo estas sanciones monetarias se han desplegado aquí, donde estos propios cuerpos de inspección y las comisiones gubernamentales han apelado hasta revisar neveras para, en caso de contar con disponibilidad de pollo o salchichas y negarse a ofertarlos, aplicarles multas de 8 000 pesos y obligar a sus dueños a realizar ventas forzosas a los precios establecidos.

Solo entre julio y lo días transcurridos de agosto, ya se han concretado 46 acciones de este tipo; y en general, entre las infracciones más recurrentes encontradas aparecen la violación de los topes determinados, tablillas con tarifas falsas que no se aplican a la hora de la venta real, y la negativa a utilizar las pasarelas de pago virtual.

Un asunto este último, por cierto, que también aparece reiteradamente en las quejas y críticas de los espirituanos porque la mayoría de los vendedores no admite el desembolso por Transfermóvil o Enzona y muchas veces ni siquiera aceptan transferencias, por lo cual obligan a los clientes a entrar a las congestionadas sucursales bancarias y los privan de los descuentos establecidos por utilizar estas opciones de pago.

Evidentemente, así los dueños de negocios particulares esquivan los controles estatales, evaden el fisco y se evitan las largas colas en los bancos que —debido al actual déficit de efectivo—, en realidad tampoco les garantizan al momento todo el dinero que precisan para sus habituales operaciones comerciales. 

Entre julio y agosto, los inspectores han aplicado alrededor de 1 730 multas con un importe de 4 000 pesos en cada caso por violaciones relacionadas con este tema, a pesar de que no abundan las denuncias de la población a través de los teléfonos y puestos de dirección establecidos con ese fin.

Porque resulta que la mayoría de los afectados evita afrontar personalmente este tipo de problemas y lo que es peor, algunas veces no apoyan y cuestionan la labor de los inspectores que defienden sus derechos, incluso en medio de un escenario hostil donde reciben amenazas verbales y otros actos de agresividad.

No por gusto en la provincia hoy faltan casi 40 de estos fiscalizadores en la plantilla establecida y aunque algunas voces cuestionan su integridad y los acusan de recibir sobornos, hasta ahora no se ha probado ningún hecho de esta naturaleza, que implicaría su definitiva separación del puesto.

En esta compleja labor de hacer valer la regulación temporal de precios también toman cartas en el asunto la Onat, Trabajo, el Minint, entre otros organismos e instituciones, quienes establecen otro tipo de sanciones contra los violadores de las políticas establecidas, en dependencia de su campo de acción.

Pero, aunque se palpen algunos resultados favorables, los inspectores no pueden aparecer omnipresentes en todos los lugares y solo su actuar no conseguirá resolver los desmedidos precios actuales.

Únicamente incrementar la producción de alimentos y otros surtidos en el país, además de dedicar al menos algún financiamiento estatal —cuando se disponga de él—, para adquirirlos y ofertarlos en la red comercial del gobierno, obrará el milagro de una competencia más leal donde, por fin algún día, al parecer todavía lejano, los precios empiecen a descender su empinada y hasta ahora interminable cuesta.