Ley de Comunicación Social: con todos y para el bien de todos

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Prácticamente desde sus orígenes, los seres humanos se han distinguido por su capacidad de comunicarse, pero desde la antigüedad —cuando imperaba el lenguaje de señas—, hasta los días de hoy esa necesidad mucho ha evolucionado y actualmente ya nos califica como una sociedad dependiente de las tecnologías y las comunicaciones.

En ese escenario se gestó y nació la primera Ley de Comunicación en Cuba en un dilatado proceso legislativo y de debates, cuyo colofón ocurrirá esta semana, cuando la normativa entre finalmente en vigor como un documento sin precedentes en el catálogo legislativo de la isla.

Con el espíritu de diálogo desde su génesis misma, esta norma es el resultado de un amplio y riguroso proceso de construcción colectiva, donde participaron profesionales y expertos de diferentes disciplinas, organizaciones e instituciones.

Con una perspectiva integradora, este instrumento jurídico reconoce la existencia de tres ámbitos comunicativos: el organizacional, el mediático y el comunitario. Es decir, que la comunicación no resulta patrimonio exclusivo de los medios de prensa, como muchos consideraban hasta ahora.

Según los expertos, la primera Ley de Comunicación Social de Cuba constituye un instrumento de inclusión y defensa de las libertades ciudadanas, realidad evidente incluso en el hecho de que cerca de 20 derechos consagrados en la Constitución de la República se asocian directamente a procesos comunicacionales.

En el orden jurídico, respalda el papel decisivo de la comunicación social en la sostenibilidad y prosperidad de la nación y la voluntad política del Estado, que la considera un pilar esencial de su gestión, en medio de la criminal política del gobierno estadounidense que impacta en todos los ámbitos de la sociedad cubana, pero de manera particular, en materia comunicacional.

Esta normativa resulta la primera de América Latina que aprecia a la comunicación desde una mirada multisectorial, lo que algunos describen metafóricamente como una normativa sombrilla, que transversaliza todos los ámbitos de la sociedad y sus actores, y que además refrenda la soberanía nacional.

Precisamente por su trascendencia, durante la implementación resulta fundamental que junto a esta Ley se promueva e impulse la educación para la comunicación, en particular la alfabetización mediática e informacional de los más diversos públicos; un encargo, sin dudas, titánico por la diversidad de estos y por los nuevos procesos comunicacionales que hoy se manifiestan, sobre todo en el ámbito digital, un espacio de guerra mediática donde a Cuba le urge mejorar y diversificar sus propuestas para enfrentar la manipuladora avalancha internacional.

Por otra parte, en el contexto nacional la normativa acuña el derecho de los cubanos a solicita y recibir información veraz, útil, y oportuna; así como la obligación de los servidores públicos de ofrecerla a los medios, siempre en función de una comunicación más transparente y participativa, siempre para el bien público.

Por primera vez, los medios de comunicación cuentan con un instrumento legal que regula la actuación de la prensa, pero también exige el derecho a la información pública, propicia la participación del ciudadano en la agenda mediática y hasta compulsa los experimentos en curso para la transformación del modelo de prensa en Cuba.

Además, la Ley de Comunicación impulsa —por primera vez en tiempos revolucionarios—, el desarrollo de la publicidad y el patrocinio con una visión científica, e incentiva la educación y la instrucción sobre esos temas, sin dudas útiles en los reacomodos actuales del modelo socioeconómico cubano.

Pero no esperemos milagros, porque solo la existencia de esta Ley no garantizará per se un mejor periodismo que concuerde debidamente con la agenda pública, ni desaparecerán de un plumazo los contenidos de odio y la guerra mediática que se nos hace lo mismo con un meme, que con imágenes manipuladas.

Ahora sobreviene el desafío cardinal: su implementación, que dependerá de todos los ciudadanos, de los profesionales afines, de las personas con responsabilidades de dirección en todos los niveles, para juntos aprender a comunicar y comunicar bien.

Porque, como bien han puntualizado los académicos, la comunicación no debe ser un asunto solamente de medios, sino de culturas; la comunicación no debe ser un tema únicamente ligado a las tecnologías, sino, sobre todo, a las identidades.

Educar para la comunicación precisa de discusión y debate, a partir del hilo conductor y la columna vertebral de esta normativa que, en su integralidad, no nació para coartar la libre expresión y la opinión ciudadana, sino todo lo contrario: esta también es una Ley con todos y para el bien de todos.