Escambray Periódico de Sancti Spíritus
Los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento) de Cuba aprobaron este jueves la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, norma sin precedente en el panorama jurídico del país caribeño.
El ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Eduardo Martínez Díaz, explicó que esta ley constituye la más alta expresión de la voluntad política del Estado y gobierno de transparentar su gestión en un contexto de guerra económica y mediática.
En ella, precisó, se regula, controla y promueve la cultura de la transparencia en la gestión pública, contribuye al control popular sobre los actos de gestión pública, tributa al cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible 16 y sus metas.
Subrayó que la norma tiene coherencia con otras normas jurídicas y establece el equilibrio necesario entre la información que se transparenta en la base y la protección de la información para asegurar la defensa y la seguridad nacional.
Previo a la presentación de la norma en la Asamblea Nacional, se realizó un amplio proceso de consulta y un estudio comparado de 123 leyes de transparencia y acceso a la información en el mundo. De los 33 países de América Latina y el Caribe, 28 de ellos cuentan con este tipo de legislación.
Villa Clara rinde cuenta ante Parlamento
Las autoridades de la provincia de Villa Clara (centro) rindieron este jueves cuenta de los resultados de su gestión socioeconómica ante la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (parlamento).
En el tercer periodo ordinario de sesiones del órgano legislativo, la gobernadora del territorio Milaxy Yanet Sánchez informó que las ventas netas de bienes y servicios llegaron a poco más de 32 mil millones de pesos al cierre del pasado año y a los 11 mil 119 en los primeros meses del 2024.
Detalló que la demarcación tiene una tasa de mortalidad infantil de 9,5 por cada mil nacidos, con una disminución de 377 nacimientos en comparación con el año anterior.
En cuanto al sector social, puntualizó que la situación del abasto de agua y el tratamiento de residuales no es favorable, al tiempo que la cobertura docente se encuentra al 92,4 por ciento y las medidas salariales beneficiaron a 17 mil 258 trabajadores.
Explicó que las principales insatisfacciones del pueblo villaclareño se relacionan con el incremento de los precios, las necesidades de alimentos, insuficiencias en el transporte, dificultades con el abasto de agua, la falta de medicamentos y problemas con la vivienda y los trámites.
Sánchez indicó que la central provincia está enfocada en asegurar el control del cumplimiento del Plan del Presupuesto, y de las medidas establecidas para elevar los ingresos y disminuir el déficit fiscal.
Villa Clara, agregó, promueve acciones para avanzar en la prevención y el enfrentamiento a la corrupción, el delito, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, a la vez que continúa impulsando el programa de construcción de viviendas y la producción local de materiales de la construcción.
La presidenta de la Comisión de Atención a los Órganos Locales del Poder Popular, Miriam Brito, señaló que la provincia debe mejorar el control y la ejecución del presupuesto, dar prioridad al programa cañero, fortalecer la economía local y el programa materno infantil, priorizar la seguridad alimentaria y nutricional y perfeccionar la multisectorialidad.
Brito propuso que el gobierno villaclareño elabore un plan de medidas que contenga propuestas de soluciones a sus principales problemáticas y que este sea presentado a la Asamblea Nacional en septiembre.
Electos miembros de máxima autoridad judicial en Cuba
Los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, Parlamento) eligieron este jueves a 210 ciudadanos que integrarán como Jueces Legos el Tribunal Supremo Popular, máxima autoridad judicial de Cuba.
Entre los electos, 89 tienen una vasta experiencia en todas las labores de esa actividad y los otros 121 son de nuevo ingreso, según reveló un informe del Parlamento.
Procedentes de la Central de Trabajadores de Cuba, los Comités de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas y otras organizaciones de la sociedad civil, más de 11 mil naturales presentaron su candidatura.
Sin titularidad jurídica, los Jueces Legos son ciudadanos cubanos, elegidos en la ANPP, que imparten justicia en los tribunales populares, en igualdad de derechos y deberes con los profesionales, por un período de cinco años, como lo establece la Constitución.
Para aspirar a esa responsabilidad, deben ser ciudadanos cubanos y, además, mantener buena actitud laboral y social, poseer adecuado nivel educacional y disposición para el ejercicio de la función judicial.
El Tribunal Supremo Popular es la máxima autoridad judicial de Cuba, rinde cuentas ante la Asamblea de los resultados de su trabajo y tiene seis salas de justicia.
Incluye estructuras para tratar causas penales, problemas civiles y administrativos, delitos contra la seguridad del Estado, tramas laborales, cuestiones económicas y asuntos militares.
Este jueves cumple su segunda jornada en el Palacio de Convenciones de esta capital el Tercer Período Ordinario de la ANPP, en su décima legislatura, cuya agenda está colmada de numerosas cuestiones legislativas y económicas.
Previo a la elección de los Jueces Legos, los parlamentarios debatieron la fiscalización realizada al Ministerio de la Industria Alimentaria y la rendición de cuentas del Ministerio de Comercio Interior.
El Tercer Período Ordinario de Sesiones del Parlamento comenzó la víspera y debe concluir el sábado venidero.
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Escambray / ISSN 9664-1277
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