El “vuelo” del pollo y la disminución del precio de algunos de los productos parecen marcar tendencias de la aplicación en Sancti Spíritus de la Resolución No. 225 del 2024 del Ministerio de Finanzas y Precios, que reguló el límite máximo de la comercialización a seis de los renglones de alta demanda vendidos por actores económicos no estatales, esencialmente mipymes.
Pero, tal como se esperaba, tras poco más de un mes de la entrada en vigor del cuerpo legal —el cual busca poner un coto a las tarifas que de un tiempo a esta parte subían casi de un segundo a otro—, algunos productos se escasearon y el primero en “volar” fue el pollo.
Días antes de la medida, ya se avizoraba y hoy cuesta trabajo encontrarlo donde habitualmente se descongelaba a la espera de los consumidores. En la feria dominical espirituana más reciente, donde antes se armaban montañas de cajas vacías tras su expendio, no se ofertó ni un muslo. No obstante, pesquisas cotidianas revelan que en lugares aislados como la zona espirituana de Colón, aunque en menos cantidades, se vende por el precio autorizado. También constatan que se comercializa en las más oscuras redes del mercado informal, donde sigue subiendo el precio mientras más manos lo toquen en la cadena de intermediarios y revendedores, que es mayor que el número de mipymes, si consideramos que de estas existen acá unas 384.
Otros como el aceite, que en algunos puntos estaba menos caro que lo aprobado por resolución, comenzó a resbalar hacia arriba a los cotos que la ley le permitió, por más que se insistió que tal movimiento no debía hacerse; pero luego, al parecer, la existencia en muchos puntos ha hecho que en varios lugares el litro haya descendido hasta 750 pesos. Algo similar le ha sucedido a la salchicha, cuyos paquetes se han comercializado hasta cerca de los 300 pesos, mientras antes se habían disparado por encima de los 500.
En cuanto al detergente, lo hace bajar su oferta abundante, so pena de estancarse ya que es producto “líder” en cuanto punto de venta privado o estatal existe. La leche en polvo ha sido siempre más escurridiza y algunos refieren que parece no haberse enterado de que ya la norma está en vigor y que es de obligatorio cumplimiento.
Justo tales distorsiones, sobre todo la de que desaparezcan las ofertas, son riesgos previstos. A sabiendas de ello, junto con la medida, comenzó también el enfrentamiento. Sin que sea todo cuanto se necesita por el tamaño del fenómeno, la labor conjunta del Grupo Provincial a cargo de ese proceso y sus homólogos municipales han detectado no pocas anomalías.
Como parte de un ejercicio simultáneo nacional, durante cuatro días (dos en julio y dos en agosto) en el territorio se contabilizaron 1 733 acciones de inspección, con violaciones detectadas en 866 establecimientos o puntos de venta y multas aplicadas en similar cantidad, la mayoría de ellas del Decreto No. 30 sobre violaciones de precios. Según datos de la Dirección Provincial de Finanzas y Precios, han primado alteraciones de precios —fundamentalmente en el pollo y la salchicha—, pizarras informativas desactualizadas y tarifas no visibles, ocultamiento de productos y retiro de la venta; ello no solo relacionado con los seis productos de la Resolución No. 225, sino también con el resto. Según esa propia fuente, en consecuencia, se aplicaron, además, 37 ventas forzosas, el cierre de algunos establecimientos y el retiro de la licencia de autorizo para ejercer la actividad a seis titulares de negocios.
Pero no todo ha salido a pedir de boca. En opinión de Miskel Acosta, director de Finanzas y Precios en la provincia, “la implementación ha transitado por altas y bajas. En los primeros días escasearon el pollo y la salchicha, el primero mantiene una menor presencia en el mercado, pero esto se ha ido transformando. No creemos que exista pasividad, mas, los ejercicios se deben potenciar en el ámbito local. Las acciones para contrarrestar esas violaciones son el enfrentamiento simultáneo y multifactorial con los más de 380 inspectores que se prepararon, a quienes se deben unir los factores de la comunidad en todos los consejos populares”.
Y si aún con la guerra avisada han sido capturados algunos soldados, ¿qué puede suceder cuando los violadores les cojan la medida a las inspecciones y cambien el modus operandi? Tal vez de manera preventiva, el gobernador provincial Alexis Lorente ha llamado a mantener un control diario, más allá de los ejercicios nacionales que se realicen. “Esto no es una fiebre ni un maratón; ni para cumplir una tarea o una meta. Hay que reevaluar todos los días lo que se hace, esto llegó de verdad para poder ayudar a la población y la verdadera preocupación es que sea efectivo lo que estamos haciendo para lograr satisfacer la mayor necesidad que tiene la población espirituana”, apuntó.
Con ese prisma y en busca, por ejemplo, del pollo que ha “desaparecido”, la prensa fue testigo de un control sorpresivo por parte del Gobierno en la provincia a algunos frigoríficos estatales donde, por cierto, no se encontró ni un trozo fuera de lo normal, razón de más para alimentar la suspicacia sobre a dónde han ido a parar las grandes cantidades del producto que de un día para otro comenzó a perderse y por eso se indicó profundizar en la práctica para encontrarlo.
Actores económicos encuestados sostienen que con las nuevas medidas han disminuido las importaciones porque con los vaivenes del precio del dólar las cuentas no dan, aun con la eliminación del pago de aranceles y la consideración de la tasa de cambio en el mercado informal para la formación de los precios, una postura diferente a la que estos sostienen cuando participan en encuentros con las autoridades estatales. Hablan también de mercancías acumuladas por meses, adquiridas a una tarifa mayor para el USD si se le compara con la actual, lo que atenta contra el negocio.
El enfrentamiento es más difícil porque estos actores son los dueños de la venta de esos productos de alta demanda, pues el Estado no tiene cómo hacerles contrapeso y el poco pollo que expende en sus tiendas en MLC es más caro que el que se vende por dinero cubano en los puntos particulares.
La tarea es mayúscula ya que, si bien a la inspección no le ha sido posible ganar la batalla de los precios, le costará abarcar una medida nueva que, aunque no resuelve el dilema fundamental: que la mayoría de los salarios en Cuba no le lleguen ni por asomo a los precios regulados, sí trata de poner un techo a la tendencia que hace rato acaba con los bolsillos de los menos favorecidos y engorda el de los comerciantes legales e ilegales. Se complica por lo difícil de sumar a la población al control. De hecho, no se ha advertido una explosión de quejas por los teléfonos habilitados para las denuncias, propensión que al menos yo esperaba, ya que a lo largo de los años, no ha sido esta la matriz; unas veces por cansancio ante la inacción; otras por falta de credibilidad en la eficacia de las acciones, y otras porque cuando la gente necesita un producto que solo puede encontrar en una mipyme o un punto de un trabajador por cuenta propia termina protegiendo a su mercado habitual, no importa la vía por la cual lo adquiera, ni tampoco la legalidad de la procedencia.
Lo real es que ni 300 ni 1 000 inspectores podrán solos enfrentar esta tarea que demanda millones de ojos sistemáticos para un mercado acostumbrado a evadir con impunidad los dictados de las leyes. Se trata de topar hasta un límite para intentar mitigar la pesadilla del aumento desmedido de estos precios, aunque ya algunos tratan de compensar lo que pierden por un lado subiendo el resto de los renglones que desbordan estantes por doquier. Es, viéndolo en buen cubano, una curita para una patología como la inflación galopante que necesita de terapias más integrales y radicales, incluidos el aumento de la producción y el abastecimiento a gran escala.
Pero mientras llega una de las llamadas curas de caballo, lo más perentorio parece ser controlar la comercialización para que, al menos, no se desvirtúen las disposiciones y la gente pueda respirar algo en medio de la asfixia por la escasez y los precios altos.
La producción de alimentos depende de la agricultura y la ganadería. El problema de los alimentos en Cuba es fundamentalmente la cantidad de tierras sin cultivar y los pocos criadores de animales por culpa de la despoblación del campo. El 75 por cien de la población cubana vive en las ciudades, eso significa que como la población adulta del campo suele ser proporcionalmente menor que la de las ciudades, un trabajador del campo tiene que producir alimentos para mas de 5 personas. Si a ese factor le sumamos que debido al bloqueo se dificulta la obtención de insumos porque personas naturales no pueden hacer comercio exterior y que Acopio es un intermediario que le impone el precio al campesino y además le paga a 6 ó 7 meses, ahí tenemos la causa de porqué el campesino agricultor y el ganadero prefiere venderle sus productos que no alcanzan para toda la población, al intermediario no estatal que si le paga el precio adecuado para que el campesino pueda reproducir su actividad. Y de ahí salen los precios altos de los alimentos, porque la inflación debido al exceso de pesos circulantes por pagar salarios de actividades de superestructura y no tener ingresos suficientes al presupuesto del estado, se regula con los precios. La ley de la oferta y la demanda es una ley objetiva que siempre se cumple porque no depende de la voluntad humana. Topar precios es ir en contra de esa ley y el que intenta ignorarla, termina estrellándose contra ella. Estamos estrellados como estamos porque este sistema que tenemos desde hace mas de 65 años, le da la prioridad a la imagen política de Cuba y deja en un segundo plano a la economía, porque el PCC es fundamentalmente idealista, romántico, simbolofílico y mercadofóbico.
Históricamente el tope de precios no ha resuelto lo qie buscaba el gobierno. Esta situación no solo ha pasado en Cuba, sino de forma global. En Cuba no existe una oferta estable en los productos y la inflación es la primera causante de los precarios salarios de los trabajadores. Por lo tanto, la lucha no es contra las mipymes que han traído productos que escaseaban cotidianamente en el territorio. El desequilibrio económico no se resuelve con topar precios, esto dolo agrava los problemas ya existentes en país.
Saludos
estimada periodista, ante todo un saludo y felicitarla por su magnifica labor como periodista,le comento que cuando sube la moneda extrajera en mercado informal, los precios suben automáticamente no siendo así cuando bajan.o sea que eso de que compraron caro es un envoltorio.creo que topar los precios fue muy bien, lo que debe profundizarse mas si es que de verdad le da perdida a los empresarios particulares o es que no tienen las grandes ganancias que desean, pues el gobierno elimino aranceles para favorecer estos precios, también como siempre ocurre cuando se topa un precio se desaparecen los productos, tanto los importados como los del agro.ojo con esto.creo que se debe analizar los verdaderos costos que no de perdida y con un nivel de ganancia aceptable, también tener en cuenta que si se importa por el mariel, el precio en la habana no debe ser el mismo que aquí.pero siempre con el tope pues confió en que los cros de finanzas y precios hayan hecho un buen trabajo con las fichas de costo de importaciones de estos productos.Creo que estas empresas particulares tienen que tener igual que las empresas estatales un encargo estatal o social, pues no es posible que quienes reciben los mismos beneficios (educación, salud, dietas y otros aunque existan las dificultades) estén especulando con la necesidad de las personas o el pueblo.pues ellos y su familia son parte de el mismo.Como usted dice ni con un ejercito de inspectores se resuelve el problema, pues la mercancía se esconde se distribuyen, ademas existen paladares a las cuales también le hacen falta y la adquieren por cantidades y otros precios que después recuperan.En ningún lugar del mundo nadie se hace millonario en un tiempo breve,a no ser que descubra algo muy novedoso, viole impuestos, o un gran nivel de especulación,Pueden criticarme pero esta es mi opinión.Un afectuoso saludo