Escambray Periódico de Sancti Spíritus
Como siempre, al son del desorden bailan no pocos pillos. Y esas grandes y solitarias extensiones de tierra y de potrero, con débiles controles a distancia o solo en papeles se pintan calvas para el invento: robo de ganado, subdeclaraciones en la contratación y producción de alimentos, fincas ociosas, desvíos, robos, entre otros males. El campo cubano también necesita orden.
Con esa intención comenzó en todo el país desde marzo pasado el llamado ejercicio de control a la posesión y uso de la tierra, así como al ganado mayor, una fiscalización inédita, donde participan comisiones de trabajo integradas por representantes del Gobierno, la Agricultura, el Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior, entre otros organismos.
Contra viento y marea, en medio de las actuales limitaciones de transporte y combustible, se ha llevado adelante esta especie de censo al campo, que en Sancti Spíritus pretende abarcar a alrededor de 27 700 tenentes y ya hoy ha llegado a más del 70 por ciento de ellos.
Durante este proceso fiscalizador se revisan los expedientes de sus propiedades, cómo explotan los terrenos y si los mantienen ociosos u ocupados, el estado de las contrataciones y el cumplimiento de las entregas de las producciones a sus debidos destinos, la legalidad de las bienhechurías construidas, su vinculación con unidades productivas, entre otros indicadores.
En el caso de los ganaderos, se incluyen indicadores específicos como los índices de natalidad y mortalidad del rebaño, la inscripción oportuna de los nacimientos, el manejo general de los animales, la clasificación por edad, raza y sexo, el marcaje de los ejemplares; todo unido a la realización de un conteo general de la masa y a la revisión de los expedientes de cada propietario.
Y no se trata de controlar por controlar o de una acción burocrática más, sino de una urgencia impostergable porque, por ejemplo, durante el pasado año la Asamblea Nacional del Poder Popular desarrolló una investigación en este sector que sacó a la luz el incremento de los delitos, particularmente contra el ganado y otros objetivos económicos.
Hasta ahora, la realidad no deja margen a las dudas: durante estos meses se han detectado más de 19 000 violaciones, relacionadas —en el caso de la tierra—, fundamentalmente con construcciones de bienhechurías ilegales, usufructuarios sin contrato de vinculación a una base productiva, sin convenio de producción o con declaraciones por debajo de sus posibilidades reales de entrega, productores que han abandonado la finca y tenentes con áreas ociosas.
Mucha tierra desocupada existe aún en Sancti Spíritus —solo este ejercicio ya ha detectado más de 7 500 hectáreas—, a cuyos dueños aún interesados en trabajarla se les han ofrecido nuevos plazos en consideración a la actual escasez de recursos de todo tipo que tanto dificulta hacer parir la tierra.
Por su parte, en el segmento pecuario, la forma de propiedad del ganado mayor en la actualidad se concentra en su inmensa mayoría en el sector cooperativo y campesino, quienes conforman un escenario disperso, donde durante los últimos años se ha incrementado considerablemente la mortalidad y ha disminuido la natalidad del rebaño, con un significativo decrecimiento de la masa.
Entre los ganaderos esta especie de censo ha encontrado más de 5 200 nacimientos sin declarar, unos 1 800 faltantes en la masa, animales sin inscribir ni identificar, compraventas ilegales, muertes y hurtos no informados, entre otras irregularidades que constituyen evidente caldo de cultivo para el delito.
Afortunadamente, en este ejercicio las soluciones no resultan extremistas ni esperan por las calendas griegas: hasta ahora ya se han resuelto más del 90 por ciento de las violaciones detectadas en la ganadería y del 40 por ciento de las relacionadas con las tierras.
Entre las medidas adoptadas aparecen cientos de multas y de extinciones de contratos, presentación de múltiples casos para su respectivo análisis en las comisiones de asuntos agrarios municipales, actualizaciones de documentos, decomisos, miles de obligaciones de hacer con una fecha de cumplimiento establecida, compras de ganado, ventas forzosas, medidas administrativas y hasta denuncias a la Policía, con la consiguiente investigación.
Un asunto de peso queda pendiente por solucionar: las casi 4 900 bienhechurías o construcciones ilegales levantadas como viviendas, ranchones, vaquerías, casas de tabaco, cochiqueras, entre otros usos, por lo general para cuidar o almacenar producciones y bienes, así como para facilitar los trabajos y la vida en el campo.
En estos momentos, se espera por la conclusión de un Decreto que permita minimizar los trámites y legalizar la mayoría de estas edificaciones, nacidas sin la debida documentación y que ahora se les prepara unos pequeños expedientes para después facilitar el proceso de legitimación, siempre y cuando respondan a los intereses del desarrollo agropecuario de sus dueños y del país.
En general, entre los municipios con más irregularidades detectadas aparecen Sancti Spíritus, Taguasco, Cabaiguán y Jatibonico; en tanto los que más bajo por ciento de solución presentan son los tres primeros.
El proceso, que debe concluir en lo que resta de año, pretende incrementar la explotación de los terrenos y áreas ociosas, mejorar la atención de las fincas y el ganado, lograr una mayor organización de todos los procesos agropecuarios, una más objetiva contratación y, por ende, superiores volúmenes de producción y comercialización de alimentos.
En este sentido, ya se acumulan modestos e insuficientes impactos positivos por concepto de recontrataciones: alrededor de 120 toneladas de productos agrícolas, más de 30 000 litros de leche y 22 toneladas de carne.
En medio de la realización de este ejercicio de control y como otra importante estocada a favor del campo cubano, en el país continúa la elaboración del Anteproyecto de Ley de las Tierras, para posteriormente someterlo a consulta pública antes de su aprobación definitiva por la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Al respecto la Dirección Jurídica del Ministerio de la Agricultura ha explicado que hoy resulta indispensable modificar la política de uso y posesión de la tierra y su marco legal, compuesto de varias normas jurídicas de larga data, así como disposiciones que requieren una actualización en correspondencia con las problemáticas existentes en los tiempos actuales.
No pensemos que esta sola fiscalización con microscopio a la campiña resolverá de un plumazo todos los problemas. Este sector necesita financiamiento para invertir, incentivos para los productores, el empuje de las grandes empresas estatales paralizadas en un limbo improductivo, combustible, fertilizantes, entre muchos otros recursos que lo transformen en una rama atractiva, modernizada y eficiente. Pero mientras ese tiempo soñado llega, al menos un poco de orden bien que le viene al campo.
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Escambray / ISSN 9664-1277
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