Una cruzada contra las ilegalidades y distorsiones

Por mucho que se hable sobre las recientes normas para ordenar el desempeño de los actores económicos no estatales, siempre quedarán asuntos o detalles por precisar, dudas o preocupaciones que atender

La economía cubana está en un proceso de reestructuración y par ello hay medidas que cumplir por parte de todos. (Ilustración: Cubahora)

Como afirmó Arleen Rodríguez en los minutos finales de la Mesa Redonda Informativa Especial -con tres ministros- sobre los nuevos decretos-leyes, decretos y resoluciones complementarias para las formas de gestión privadas, por su importancia e impacto directo en la economía y en la población habrá que darle seguimiento al tema en próximos espacios.

Y así deberá ser pues aunque fueron dos las horas que se le dedicaron al tema, solo en lo esencial, en los objetivos centraron su comparecencia los ministros de Economía y Planificación (MEP), de Finanzas y Precios (MFP) y de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). 

Lo primero que aclaró Joaquín Alonso Vázquez, titular del MEP, es que resulta imposible que el gobierno y el Estado realicen una cruzada en contra de los propios documentos programáticos de la Revolución, que reconocen el papel del sector privado en la economía y la sociedad.

En este sentido, dijo que una de las proyecciones es avanzar en el desarrollo del sistema empresarial cubano integrando a todos los actores. 

Pero ha habido distorsiones en la gestión empresarial y la tendencia a buscar y obtener resultados por diferentes vías, que separan a los actores económicos no estatales de su actividad principal para la cual fueron diseñados.

Además, no se ha logrado su efectiva inserción en la economía, ni el necesario encadenamiento que debe existir con la empresa estatal.

También comentó que el monopolio estatal del comercio se ha desplazado, en gran medida, por la dinámica importadora y comercial de las formas de gestión no estatal, las cuales desarrollan sus actividades, muchas veces, fuera del control del Estado y no siempre en el marco de la legalidad. 

Reconoció que parte de las desviaciones presentes en estos actores son consecuencia de los vacíos legales existentes en la legislación anterior y del propio contexto en el cual se desarrolla la economía.

Al cierre de este periodo se han aprobado 11,355 mipymes, de las cuales 11 046 son privadas, 238 son estatales y 71 son cooperativas no agropecuarias.

-Cerca de mil privadas aún no han terminado la documentación legal, otras han cerrado y algunas aún no han comenzado operaciones.

-Hay presencia de mipymes y cooperativas no agropecuarias en 126 municipios. 

-Todas las provincias, excepto La Habana y el Municipio Especial de la Isla de la Juventud, tienen menos de 50 aprobadas.

-La mayoría de los municipios de la capital poseen entre 100 y 200 mipymes, mientras que Playa y Plaza de la Revolución cuentan con más de 600.

PRINCIPALES MODIFICACIONES 

Se descentraliza la aprobación de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como de las cooperativas no agropecuarias hacia los municipios. El propio territorio aprobará la apertura de locales y los objetos sociales.

Los nombres de los negocios deben ser diferentes a otros y no se podrán emplear los de héroes y mártires de la patria.

Para disolverse, hay que comunicarlo de manera oficial y publicitarlo, y el actor económico no debe tener deudas con la ONAT, el banco u otros actores de la economía, precisó el ministro.

Para poder ejercer su actividad debe contar con cuentas bancarias fiscales.

Se establece la obligatoriedad de la domicialiación de las nóminas de los trabajadores contratados, es decir, el pago a ellos realizarlo a través de sus cuentas bancarias.

Se jerarquiza la atención a este sector con la creación del Instituto de Actores Económicos no estatales, subordinado al Consejo de Ministros, y no solo para ejercer control, sino para ver sus necesidades y encaminarlo por si hay que rectificar o evaluar algunas normas.

Se regula la licitación en aras de la transparencia que requiere ese proceso, cuando un actor solicita arrendar a una entidad estatal un local, un vehículo, un equipo. Eso es público, recordó Joaquín Alonso Vázquez.

Las buenas experiencias seguir evaluándolas, y buscando cualquier falla que tengan para corregirlas y que siga avanzando. Esa es la voluntad del gobierno, afirmó el titular del MEP.

De manera que la cruzada es contra la indisciplina, la ilegalidad, la chapucería, cualquier manifestación de corrupción y ahí no nos puede temblar la mano en rectificar y hacer lo que la legislación tiene previsto para esos casos, insistió.

Según el alto funcionario “el proceso de construcción del socialismo nos ha demostrado que estamos en constante perfeccionamiento. Y cuando hay un error lo que tenemos es que rectificar para seguir avanzando. Nadie vendrá de otro lugar a decirnos cómo hacerlo.  

CAMBIOS SOBRE EL TRABAJO POR CUENTA PROPIA 

Al comparecer en la Mesa Redonda Informativa Marta Elena Feitó Cabrera, ministra de Trabajo y Seguridad Social, precisó que el trabajo por cuenta propia es una opción válida de empleo y actualmente más de 590 000 personas lo ejercen. 

Las transformaciones están encaminadas a determinar y definir su alcance; y a promover el ejercicio responsable de las actividades tanto por los titulares como por los trabajadores que contratan, y todo lo relacionado con el cumplimiento de los principios que rigen el derecho de trabajo en Cuba.

Ello tributa a las proyecciones del gobierno, en particular la eliminación de las vías de corrupción, ilegalidades, indisciplinas sociales; y también a un programa que conduce el MTSS denominado Trabajo Digno, “porque estamos promoviendo la calidad del empleo, estamos en la lucha contra la informalidad del mismo, dijo.

Algo importante es la nueva conceptualización del TPC. Los trabajadores por cuenta propia van a ser quienes son propietarios de los medios, el que tiene patrimonio propio. Los demás serán trabajadores contratados, los asalariados. Eso alivia la carga tributaria a éstos últimos, señaló.

Subrayó la titular del MTSS que las actividades secundarias no pueden ir en detrimento de la principal.

«Reiteramos la responsabilidad que adquieren las personas de toda la información que aportan, como el origen de los fondos, la licitud de las materias primas, el lugar donde va a ejercer, los trabajadores que va a contratar, porque firma una declaración de que todos esos datos son reales, veraces. Eso es muy importante”, enfatizó Feitó Cabrera.

Aclaró que no se podrá actuar en representación de un tercero. “Usted no puede actuar como testaferro. Porque también ha pasado que, en determinadas circunstancias ya más críticas, que han derivado inclusive en procesos penales, cuando se entrevista al TCP resulta que él ha estado figurando, pero no es el dueño real del negocio», expresó.

Si alguno quiere tener más de 3 trabajadores y aumentar su negocio tiene que convertirse en otra forma de gestión, en Mypime o Cooperativa, precisó.

Se puede ser un TCP, y se puede ser socio de una cooperativa o Mypime, pero en actividades diferentes.

“Hay cuatro permisos nuevos que se adicionan: certificaciones para ejercer como cuidadores de ancianos, de personas en situación de discapacidad, y de niños, para lo cual usted debe tener demostrar de que está apto, que tiene los conocimientos necesarios.

También hay una ampliación de los términos para el otorgamiento de las autorizaciones. 

Los trabajadores contratados, que ya no van a ser TCP sino asalariados de un titular, se rigen por el régimen general de seguridad social, es decir, por las mismas normas que cualquier trabajador del Estado y, por tanto, gozan de los mismos beneficios en cuanto a vacaciones, licencias de maternidad y otros.

Argumentó que debe establecerse un contrato por escrito -no verbal- sin excepciones.

Él tiene que conocer qué tipo de contrato tiene, si es por un tiempo determinado o indeterminado, su duración, qué cargo va a ocupar, qué salario va a recibir y con que periodicidad, cuál es el régimen de trabajo y de descanso, las condiciones de seguridad y salud en el trabajo que tienen que garantizarle los empleadores. 

Desde el MTSS insistimos en velar siempre por la calidad del empleo a partir del cumplimiento de las obligaciones de los empleadores refrendadas en normas de rango superior como es el Código de Trabajo, comentó la ministra.

TRES RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE FINANZAS Y PRECIOS 

Al intervenvir en el programa televisivo, el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, se refirió al Decreto Ley 93 que modifica la ley vigente del sistema tributario, la Ley 113.

En esta ocasión además del Decreto Ley 93 se implementarán tres resoluciones del organismo: una vinculada a la reglamentación para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, de precios, financieras, contables de los TCP; otra específica para adecuar las reglas contables de los TCP, y una tercera, sobre algunas precisiones para la figura del pescador comercial.

Según el funcionario el nivel de aportaciones al presupuesto ratifica la validez de estos actores como elementos que dinamizan la economía nacional, en prestaciones de bienes, servicios, producciones y también como generadores de recursos financieros fundamentalmente para los presupuestos locales, aun cuando se percibe un nivel de subdeclaración e incumplimientos.

Al cierre del mes de julio podemos hablar de una participación en un 15% del total de los ingresos que se han captado generados por las formas de gestión no estatales, que incluye TCP, cooperativas no agropecuarias, mipymes, y las formas productivas no estatales del sector agropecuario, los artistas”, dijo Regueiro Ale.

Entre los cambios fundamentales de las nuevas normas mencionó la suspensión o eliminación de exenciones en el pago de impuestos establecidas en el caso de los TCP a aquellos que se iniciaban en este sector, por un periodo de tres meses.

También se suspende el beneficio para los titulares o socios de las mipymes por los dividendos que obtienen de su participación en la inversión que han realizado.

Explicó que se ha extendido el periodo para la declaración jurada de los socios y se ratifica la posibilidad de acogerse al beneficio del ‘pronto pago’ cuando la realizan antes del 28 de febrero.

Otra adecuación se refiere al pago de los tributos, pues el empleador tiene responsabilidad en el cumplimiento de esas obligaciones de su empleado para con la administración tributaria, de la seguridad social y de los impuestos sobre los ingresos personales.

Se incorpora igualmente la gradualidad en los impuestos sobre los ingresos personales para este personal del sector no estatal.

Por otra parte, se incorporó una adecuación a las reglas del registro contable de las operaciones de los TCP.

Primero se ratifica la necesidad de tener un control de todas las operaciones de ingresos y de gastos, pero es necesaria una distinción para aquellas actividades menos complejas y que generan menos ingresos”, dijo el ministro y argumentó que estos últimos tendrían que llenar un formulario de la ONAT y quedarían liberados de otras declaraciones más detalladas.

Otra de las adecuaciones está vinculada con las actividades del pescador comercial.

«Cuando el destino de sus capturas va a actividades de la industria, que tienen un procesamiento, se logran rendimientos mayores, se pueden cumplir compromisos con la alimentación de la población, se les reduce el impuesto sobre las ventas a un 5%. Mientras que, si la comercialización de esas capturas se realiza de forma liberada, el impuesto es del 10%”.

En lo relacionado con la conformación de precios, destacó que la ley establece la capacidad de conformarlos por los propios negocios, pero recordó que cuando existen intereses locales, los Gobiernos pueden participar en estos procesos y llegar a acuerdos.

“El objetivo de cada una de nuestras acciones es que se mantenga la prestación de servicios y la producción de bienes, pero de manera ordenada y con aportes a la economía nacional”, dijo.

“En materia de control fiscal estamos siendo más rigurosos, porque el incremento de los ingresos al presupuesto es clave para avanzar en la estabilidad macroeconómica del país”, explicó.

De acuerdo con el titular del MFP las nuevas regulaciones elevan el papel rector del municipio. “Uno de los objetivos es lograr una mayor implicación de los gobiernos locales en la gestión de sus propios ingresos. El hecho de que los actores económicos aporten al presupuesto local ha dejado buenas experiencias”, subrayó finalmente.

Cubahora

Texto de Cubahora

Comentario

  1. Muy bien que se haya publicado ese artículo y no menos importante, que los trabajadores de los actores no estatales conozcan y exijan sus derechos.

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