Ley de Enemigos Extranjeros a disposición de Trump para deportar de EEUU

La Ley de Enemigos Extranjeros, con más de 220 años, podrá aplicarla el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para sus deportaciones de migrantes venezolanos, según falló este lunes la Corte Suprema en una votación profundamente dividida.

Esta decisión le otorga una significativa victoria a la Casa Blanca porque permitirá a las autoridades de inmigración echar mano a una legislación solo invocada para tiempo de guerra para sacar del país a las personas que considera miembros de grupos criminales (pandillas).

Sin embargo, el máximo tribunal impuso una condición para el uso de esta ordenanza del siglo XVIII: Las personas sujetas a deportación deberán obtener primero una audiencia judicial antes de ser sacadas de Estados Unidos, o sea, que contarán con un «plazo razonable» para demostrar en las cortes que no son miembros de una pandilla.

Para los miembros conservadores del Supremo estas impugnaciones legales deben resolverse en Texas, en lugar de en un tribunal de Washington.

Por su parte, los tres jueces liberales (de nueve en total que conforman en tribunal) consideraron que en realidad el gobierno federal ha tratado de evitar la revisión judicial en este caso.

En general enfatizaron que los individuos que podrían ser deportados deben recibir en lo adelante una notificación de que estarían sujetos a esa ley y a partir de ese momento tener la oportunidad de que se revise su expulsión.

Los magistrados actuaron en base a la apelación de emergencia de la administración Trump después que la Corte de Apelaciones en Washington mantuviese vigente una orden de un tribunal inferior que prohibía temporalmente las deportaciones de los migrantes acusados de pertenecer a la pandilla venezolana Tren de Aragua.

La apelación de Trump es parte de la disputa legal con el juez federal de distrito en esta capital James Boasberg, quien se opuso a la aplicación temporal de la Ley de Enemigos Extranjeros contra cinco venezolanos que demandaron y un grupo más amplio que podría verse afectado.

Así que, al acceder a la solicitud del presidente, la Corte Suprema echó por tierra las órdenes de Boasberg. El mes pasado, 261 inmigrantes, la mayoría de nacionalidad venezolana señalados de integrar el Tren de Aragua, fueron enviados en vuelos desde Texas a El Salvador, donde los trasladaron al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel de máxima seguridad que, por su régimen y condiciones, describen como un lugar en el que se violan los derechos humanos.

El secretario de Estado Marco Rubio -que en su primer viaje al exterior tras asumir el cargo en enero visitó El Salvador- agradeció al presidente Nayib Bukele por ofrecerse voluntariamente a encarcelar a los presuntos delincuentes deportados.