La Conferencia Episcopal de los Estados Unidos (USCCB) ha presentado, ante la Corte del Distrito de Columbia, una demanda judicial contra la decisión ejecutiva del presidente Donald Trump de suspender la financiación de los programas de asistencia a los refugiados y argumentó que esta medida es «ilegal y perjudicial para los refugiados recién llegados» y exigen su cancelación.
La iniciativa legal surge después de que el papa Francisco enviara una carta a los obispos estadounidenses, instando a la Iglesia Católica y a la sociedad en general a no discriminar y a ayudar a los migrantes y refugiados.
En su misiva, el sumo pontífice advirtió que deportar personas que huyen de la pobreza, la inseguridad, la explotación, la persecución o el deterioro del medio ambiente afecta gravemente su dignidad y las coloca en una situación de vulnerabilidad e indefensión.
En su reclamo legal, los obispos califican la decisión de Trump como «una acción arbitraria y caprichosa» que «viola múltiples estatutos» y «socava la separación de poderes de la Constitución».
Además, exigen al Gobierno que mantenga sus «obligaciones legales y morales» con los refugiados mediante el restablecimiento de la financiación necesaria para que las organizaciones religiosas y comunitarias puedan continuar su trabajo.
El presidente Trump suspendió la financiación del Programa de Admisión de Refugiados de los Estados Unidos (USRAP) el pasado 20 de enero, argumentando la necesidad de revisar si el reasentamiento de refugiados es «de interés nacional».
El USRAP, creado en 1980, involucra a diez agencias nacionales, incluida la USCCB, que representan legalmente a los refugiados y facilitan su permanencia en el país. La suspensión de la financiación afecta directamente a estas agencias y su capacidad para brindar asistencia a los refugiados.
Los obispos católicos recuerdan en su demanda que «un auténtico Estado de derecho se da en el trato digno que merecen todas las personas, especialmente las más pobres y marginadas».
Durante casi medio siglo, la Iglesia Católica ha colaborado con el Departamento de Estado para ayudar a casi medio millón de personas a encontrar seguridad y construir sus vidas en Estados Unidos.
Entre los servicios que brinda el programa se encuentran la asistencia a los recién llegados durante al menos noventa días, cubriendo necesidades iniciales como la vivienda, la matrícula escolar y el aprendizaje del inglés.
La demanda señala que el Gobierno había comprometido aproximadamente 65 millones de dólares en financiación federal a la Conferencia Episcopal, pero este aporte fue cancelado «sin previo aviso» y «con una carta superficial de dos páginas», lo que ha tenido consecuencias «devastadoras» para los migrantes.
El arzobispo Timothy Broglio, presidente del Episcopado, expresó su preocupación por la incapacidad de la conferencia para mantener su trabajo sin la financiación federal.
Chieko Noguchi, vocera de la UCCB, subrayó que la decisión de Trump implica la suspensión de la asistencia a los refugiados que han gestionado durante décadas y recordó que los refugiados han sido sometidos a rigurosos procedimientos de selección por el gobierno de Estados Unidos.
La USCCB dirige el mayor programa no gubernamental de reasentamiento de refugiados en Estados Unidos, atendiendo al 17% de los refugiados que se vuelvan a asentarse en el país.
Desde 1980, la Conferencia Episcopal ha brindado apoyo a 930,000 inmigrantes, dedicando más recursos de los que recibe a través de la financiación federal. Sin embargo, sin el apoyo del Gobierno, no podrán continuar con sus servicios.
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